El Govern de Sánchez intenta impedir la comparecencia del juez en Moncloa para ser interrogado
En un incidente político sin precedentes, el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado impedir la comparecencia del juez instructor del caso de la financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El magistrado había sido citado para comparecer en el Palacio de la Moncloa, sede del Ejecutivo, para ser interrogado sobre los avances en la investigación. Sin embargo, el Ejecutivo ha interpuesto un recurso de apelación para evitar que el juez acuda a la cita y responda a las preguntas del Presidente del Gobierno y de los miembros del Consejo de Ministros.
La Investigación de Begoña Gómez Lleva al Juez a Citar a Declarar a Pedro Sánchez
Más de cuatro meses de investigación han llevado al juez Juan Carlos Peinado, que dirige la causa contra Begoña Gómez, a citar a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La decisión ha levantado un polvorín, más aún cuando el instructor ha ordenado que la testifical de Pedro Sánchez tenga lugar en el Palacio de la Moncloa.
El presidente, por ser esposo de la investigada, puede negarse a declarar ante el juez. Sin embargo, lo tendrá más complicado si quiere evitar que se capte su imagen negándose a declarar ante el instructor, que prevé interrogarlo en el Complejo Presidencial.
El Derecho a No Declarar Contra su Esposa
El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que están dispensados de declarar como testigos los parientes más cercanos a un investigado. Concretamente, están eximidos de ello los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil.
La norma puntualiza que el juez instructor debe advertir al testigo de que no tiene obligación de declarar en contra del procesado, aunque este puede hacer las manifestaciones que considere oportunas.
La Posibilidad de Declarar por Escrito
El artículo 412 de la ley de enjuiciamiento criminal establece que los cargos institucionales que están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo.
Este privilegio, advierte Joaquim Bosch, solo ocurre en la fase de instrucción. Una vez se entra en la fase del juicio es obligatoria la declaración presencial.
Declara como Esposo, no como Presidente
Es en este punto donde entran en juego el apartado tercero del artículo 412 y el artículo 413 de la ley de enjuiciamiento criminal. La providencia dictada este lunes por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid señala: se considera conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada, Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
El juez no llama a declarar al presidente del Gobierno, sino al esposo de la investigada. Este matiz, aunque no lo parezca, es importante.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que si fuera conveniente recibir declaración a algunas de las personas a las que se refiere al apartado 2 del artículo 412 [entre ellas, el presidente] sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo, se tomará la misma en su domicilio o despacho oficial.
Según explica Joaquim Bosch, este artículo está diseñado para ocasiones en las que un cargo público presencia, por ejemplo, un robo o un atropello en la calle.
Sin embargo, el juez entiende que los hechos conocidos por Sánchez en relación al presunto tráfico de influencias de su esposa son ajenos a su función como presidente del Gobierno. Si Sánchez quiere librarse de recibir al instructor, tendrá que argumentar lo contrario, tal y como apuntan fuentes jurídicas.
De momento, el juez ha advertido de que acudirá al Complejo Presidencial de la Moncloa el próximo día 30 de julio del presente año 2024, a las 11.00 horas. Aún más, el juez ha solicitado a los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid que acudan a La Moncloa el 29 de julio acompañados de la policía judicial para proceder a la instalación de los dispositivos necesarios para que la declaración sea grabada en vídeo.
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