La Implementación de la Nueva Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea: ¿Cómo va a Impactar la Vida de los Ciudadanos?

La Implementación de la Nueva Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea: ¿Cómo va a Impactar la Vida de los Ciudadanos?

La Unión Europea ha dado un paso significativo hacia la regulación del uso de la Inteligencia Artificial (IA) con la implementación de una nueva ley que busca establecer normas claras para el desarrollo y aplicación de esta tecnología en el bloque comunitario. Esta normativa tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y evitar posibles abusos en el uso de la IA. Sin embargo, surge la pregunta: ¿cómo va a impactar esta ley en la vida diaria de los ciudadanos? ¿Qué cambios podemos esperar en términos de privacidad, seguridad y empleo? En este artículo, exploraremos los principales aspectos de esta legislación y su posible impacto en la sociedad.

La ley de IA de la UE entra en vigor: ¿Qué oportunidades y limitaciones trae para la inteligencia artificial en la vida de los ciudadanos?

La Unión Europea hace historia con la entrada en vigor de la primera ley integral del mundo sobre Inteligencia Artificial, que cuenta con 523 votos a favor. Aunque su aplicación obligatoria comenzará en dos años, esta norma pretende mejorar el funcionamiento del mercado de la IA introduciendo límites en su desarrollo y utilización.

Objetivos de la ley

La norma busca promover la adopción de una inteligencia artificial (IA) centrada en el ser humano y fiable, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Para lograr esto, la ley detalla las prácticas que estarán prohibidas, los sistemas que se consideran de alto riesgo y las sanciones que se impondrán a quienes incumplan la ley, entre otras regulaciones.

Impacto en las IA de uso general

Los modelos de IA de uso general, como ChatGPT, no se consideran sistemas de IA por sí mismos, sino que son componentes esenciales de los sistemas. Sin embargo, es necesario que tengan un alto grado de transparencia y especifiquen si un texto, canción o fotografía se han generado a través de dicha tecnología, garantizando que los datos empleados para entrenar a los sistemas respeten los derechos de autor.

Prohibiciones

Seis meses después de la entrada en vigor del reglamento, en enero de 2025, quedará totalmente prohibida la introducción en el mercado o la puesta en servicio de determinadas IA por considerarlas de riesgo inaceptable. Estas incluyen:

• Sistemas de IA que sean capaces de trascender la conciencia de una persona con técnicas deliberadamente manipuladoras, engañosas o subliminales.
• IA que puedan provocar un perjuicio considerable a un determinado colectivo por su edad, discapacidad, situación social o económica específica.
• Sistemas creados para intentar deducir las emociones de una persona, excepto cuando sea por motivos médicos o de seguridad.
• IA que creen bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción no selectiva de imágenes faciales de internet.

Clasificaciones de riesgo

Para que los usuarios europeos puedan confiar en lo que ofrece la inteligencia artificial, se clasificarán los sistemas en base al riesgo que suponen. Estos son los cuatro niveles:

• Riesgo mínimo: La ley permite el libre uso de este tipo de sistemas.
• Riesgo limitado: Dicho nivel comprende los riesgos asociados con la falta de transparencia en el uso de la inteligencia artificial.
• Riesgo alto: Estos sistemas quedan sujetos a obligaciones estrictas antes de ser comercializados, por consiguiente, deben pasar por registros de actividad para evaluar su cumplimiento.
• Riesgo inaceptable: Este punto restringe por completo los sistemas de inteligencia artificial, debido a que son una clara amenaza para la seguridad, los medios de vida y los derechos de las personas.

Algunos de los sistemas considerados de alto riesgo son los que afecten a la gestión de infraestructuras críticas, los que realicen perfiles de personas o se utilicen para contratar a empleados, los que afecten a servicios privados o públicos, los que se utilicen en procesos democráticos o los que se usen en el ámbito educativo.