- Tres años después del 'hachazo' a las renovables, el Gobierno cambia de postura y acepta pagar sentencias en contra por la eliminación de incentivos a la energía renovable
- Gobierno rechaza pagar indemnizaciones a inversores en energía renovable
- El 'impuesto al sol' deja heridas económicas a inversores en energía renovable
- El Estado español no pagará sentencias por daños a la energía renovable
Tres años después del 'hachazo' a las renovables, el Gobierno cambia de postura y acepta pagar sentencias en contra por la eliminación de incentivos a la energía renovable
Tras un largo y controvertido proceso, el Gobierno ha decidido dar un giro de 180 grados en su política energética. Después de tres años de impedir el desarrollo de la energía renovable en España, mediante la eliminación de incentivos, el Ejecutivo ha aceptado pagar las sentencias en contra emitidas por los tribunales. Esta decisión supone un cambio de postura radical, que busca sentar las bases para un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. A continuación, se analizarán las implicaciones de esta medida y su posible impacto en el sector energético español.
Gobierno rechaza pagar indemnizaciones a inversores en energía renovable
El Gobierno español se mantiene en su postura de no pagar las indemnizaciones millonarias que diversas cortes internacionales han dictado a favor de inversores en energías renovables, perjudicados por la decisión de fijar cargos y peajes a proyectos de energía fotovoltaica en 2013, conocida como el impuesto al sol.
En la última reunión de los ministerios concernidos, Transición Ecológica y Asuntos Económicos, se decidió mantener la posición de defender los intereses nacionales, es decir, no pagar las indemnizaciones que han sido impuestas por los tribunales internacionales.
El 'impuesto al sol' deja heridas económicas a inversores en energía renovable
La decisión de 2013 redujo la rentabilidad prevista de los proyectos renovables, lo que llevó a 52 litigios internacionales contra España. De ellos, 26 ya han sido resueltos en contra del país, con condenas a pagar cientos de millones de euros.
Entre las sentencias más recientes se encuentra la del Tribunal Superior de Londres, que ordenó el embargo de una sede del Instituto Cervantes en pago de una deuda de 120 millones a dos inversores internacionales. También se encuentra la sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que condenó a España a pagar 300 millones a la empresa alemana E.On.
El Estado español no pagará sentencias por daños a la energía renovable
La posición del Gobierno español es considerada bastante infrecuente por especialistas en litigios internacionales, ya que la mayoría de los países suelen pagar las indemnizaciones que les son impuestas por los tribunales.
En lugar de pagar, el Gobierno español ha decidido dilatar los procesos y recurrir a la nulidad o a la Comisión Europea. En el último caso, España alega que los pagos podrían ser contrarios al Derecho de la UE porque podrían ser ayudas de Estado que deben ser aprobadas por Bruselas.
La Abogacía del Estado solicitó en mayo la nulidad de la sentencia del CIADI, lo que impidió que E.On acudiera a tribunales extranjeros para reclamar el pago de los 300 millones.
El Gobierno español calcula que quedan pendientes de fallo otros 12 procedimientos, pero no está previsto ningún cambio de estrategia. Los inversores, en su mayoría calificados de fondos buitre, se ven inquietos porque las cantidades que reclaman los tribunales han ido descendiendo con el paso de los años.
La evolución de los litigios ha llevado a que España ya no se enfrenta en los tribunales a los promotores originales de parques fotovoltaicos, sino a empresas cobradoras que han comprado las reclamaciones a un precio más bajo y que están habituadas a tomar su tiempo hasta que cobran la deuda.
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