El PSOE Presenta Recurso contra la Licencia del Crematorio de la M-40, Arguye que Pone en Riesgo a la Población Vecina

El PSOE Presenta Recurso contra la Licencia del Crematorio de la M-40, Arguye que Pone en Riesgo a la Población Vecina

En un movimiento contundente contra la licencia del crematorio ubicado en la M-40, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha decidido presentar un recurso formal contra la autorización otorgada para su funcionamiento. La formación política argumenta que la instalación pone en riesgo la salud y la seguridad de la población vecina, lo que ha generado preocupación y rechazo entre los residentes de la zona. Con este recurso, el PSOE busca proteger los intereses de la comunidad y garantizar que se tomen medidas efectivas para mitigar los posibles impactos negativos del crematorio en el entorno.

El PSOE Recurre contra la Licencia del Crematorio de la M-40

El Grupo Municipal Socialista ha presentado un recurso de reposición contra la concesión de la licencia urbanística a la empresa Parcesa para la instalación de un horno crematorio en el tanatorio de la M-40.

Los socialistas argumentan que la concesión de la licencia es arbitraria, contraria a la normativa municipal y por poner en riesgo la salud de los vecinos y vecinas de Usera y Villaverde.

Una Decisión que Prioriza Intereses Económicos sobre la Salud de los Vecinos

Según la portavoz del grupo municipal, Reyes Maroto, la afirmación del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de que la concesión se debe a la obligación de cumplir con el fallo de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo es falsa. La concesión de esta licencia es arbitraria y ha dependido únicamente de la decisión del Ayuntamiento contra la propia normativa municipal.

Además, el grupo municipal cuestiona que la solicitud de la licencia del crematorio se hace en 2015, por lo que no rige la Ordenanza de Calidad del aire y sostenibilidad, sino la normativa anterior, la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano de 1985.

La Normativa Municipal no se Cumple

En el artículo 55.3 de esta norma se estipula que los hornos de incineración de cadáveres deberán instalarse en las inmediaciones de tanatorios de manera que la distancia entre el foco de emisión y las viviendas no sea inferior a 250 metros.

Los socialistas argumentan que la instalación del crematorio no cumple con esta norma, ya que la incineración de cadáveres produce emisiones de monóxido de carbono, partículas sólidas, mercurio, cadmio, plomo, cloruro de hidrógeno y óxido de nitrógeno, sustancias altamente tóxicas para las personas.

Riesgo para la Salud de los Vecinos

Además, el proyecto de la incineradora contempla una chimenea de evacuación de gas con un sistema de apertura de emergencia que, en caso de fallo, permitiría la evacuación total de los gases de manera directa y total. Es decir, se emitirían gases sin depurar, han advertido.

Los socialistas enfatizan que existe en riesgo de emisión descontrolada y sin depuración con el consiguiente riesgo para la salud, de ahí que no se pueda ignorar el precepto de la distancia de 250 metros que prevé la normativa municipal entre el foco de emisión y el núcleo urbano.

La Instalación del Crematorio Supone un Daño para la Salud

La instalación del crematorio supone objetivamente un daño para la salud en un entorno urbano con viviendas, centros educativos, de trabajo e instalaciones deportivas y el Ayuntamiento no ha realizado actividad administrativa que garantice la inocuidad de la referida actividad molesta e insalubre que se ubica sin respetar los 250 metros de distancia.

Falta de Estudios Técnicos y Justificación

El equipo de Maroto ha constatado que no existe en el expediente ningún estudio técnico, informe o prueba objetiva elaborada por el Consistorio que justifique que la autorización extendida por parte de la Comunidad de Madrid en la que se permite obviar cualquier otro criterio útil y proporcional de cara a proteger la salud y el entorno de los vecinos.

Por todo ello, desde el Grupo Socialista entienden que el Ayuntamiento liderado por Almeida no sólo ha hecho dejación de funciones al no efectuar ningún control sobre el proyecto de instalación, es decir, no ha emitido informes que avalen la concesión de la licencia, como indica la resolución del Supremo, sino que se han primado los criterios económicos frente al criterio de protección de la salud de los vecinos y vecinas.