En un fallo histórico, el Tribunal ha dictaminado una sentencia ejemplar contra un guardia civil que se había apropiado de una cuantiosa suma de 165.000 euros. La instancia judicial ha considerado que el acusado incurrió en un delito de apropiación indebida, al utilizar su posición y autoridad para beneficiarse personalmente de fondos que le habían sido confiados. La condena de 5 años y medio de prisión es un claro mensaje contra la corrupción y el abuso de poder, y refleja la determinación del sistema judicial para castigar severamente este tipo de delitos. La sentencia tiene un gran impacto en la sociedad, ya que afecta a la confianza en las instituciones y pone en entredicho la integridad de los miembros de las fuerzas de seguridad.
Condena a agente de la Guardia Civil por apropiación de 165.000 euros
Un jurado popular ha declarado culpable de un delito de malversación a un agente de la Guardia Civil de Valencia que se apropió de 165.000 euros, unos hechos por los que el presidente del tribunal ha impuesto una condena de cinco años y medio de prisión.
Este agente, según consta en la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, estuvo destinado en la Unidad de Gestión Económica de la zona de la Guardia Civil de Valencia desde finales de 2001 hasta marzo de 2020. Era el responsable de gestionar y fiscalizar las comisiones de servicios para miembros de la Guardia Civil relacionados con dicha zona y con la Comandancia de Valencia, incluido el pago de las mismas.
Según ha quedado probado en este juicio y admitió el procesado, al menos en 114 ocasiones generó documentos de comisiones de servicio inexistentes a su propio nombre o a nombre de diferentes miembros de dicho cuerpo para apropiarse de diferentes cantidades económicas. Mediante esta operativa logró apropiarse de 164.835,64 euros hasta febrero de 2020, cuando fue descubierto.
El procesado ha reintegrado voluntariamente 5.650 euros y se le han bloqueado saldos bancarios por 10.221,14 euros. Por estos hechos, este exagente ha sido condenado por falsedad en documentos oficiales como medio para cometer un delito continuado de malversación de caudales públicos agravado, todo ello con las atenuantes de reparación parcial del daño y de confesión tardía.
Además de la pena de prisión, por vía de responsabilidad civil el procesado deberá devolver la cantidad sustraída -menos la ya entregada- con los intereses legales y hacerse cargo de las costas procesales.
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