La patronal catalana se niega a aceptar el acuerdo de Díaz y provoca un bloqueo político en la reducción de la jornada laboral

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La patronal catalana se niega a aceptar el acuerdo de Díaz y provoca un bloqueo político en la reducción de la jornada laboral

En un giro inesperado, la patronal catalana ha decidido rechazar el acuerdo alcanzado por el ministro de Trabajo, Yolanda Díaz, en cuanto a la reducción de la jornada laboral. Esta decisión ha generado un bloqueo político en el proceso de negociación, lo que ha llevado a un punto muerto en la implementación de esta medida. El objetivo de esta iniciativa era reducir la carga laboral y mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sin embargo, la negativa de la patronal catalana ha puesto en peligro este proyecto. La comunidad laboral se encuentra en un estado de alerta, mientras que los políticos intentan encontrar una solución para superar este obstáculo y lograr un acuerdo beneficioso para todos.

La patronal catalana se niega a aceptar el acuerdo de Díaz y provoca un bloqueo político en la reducción de la jornada laboral

La patronal catalana se niega a aceptar el acuerdo de Díaz y provoca un bloqueo político en la reducción de la jornada laboral

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el Secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, habían pactado con los representantes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT una reducción de la jornada laboral máxima hasta las 38,5 horas para este año, que iría seguida de otra para aplicar las 37,5 horas en 2025. Sin embargo, nueve meses después, las dudas sobre la viabilidad de la ley siguen creciendo.

El foco está puesto en Junts, lo que explica el calendario de reuniones que ha mantenido la ministra en Barcelona. El encuentro con Pimec se desarrolló en tono constructivo, pero las pequeñas y medianas empresas catalanas recordaron a Yolanda Díaz los impactos negativos que tendría esta medida si no se ve acompañada por mecanismos de compensación suficientes.

Foment del Treball dejó claro que su posición estaba totalmente alineada con CEOE y que esta era una materia de la negociación colectiva. Este 'tour' en el que también se vio con los responsables de CCOO y UGT en Cataluña, llevó a cancelar la reunión de la mesa de diálogo prevista para este jueves.

La ministra y el secretario de Estado de Trabajo habían comprometido a hacer llegar un documento con los detalles de la propuesta de reducir las bonificaciones a las nuevas contrataciones, pero no lo hicieron. Desde la cartera de Díaz se limitan a enmarcar las reuniones de Barcelona como parte de los contactos con los agentes sociales y explican que los diferentes puntos de vista se pondrán en común en la próxima reunión del diálogo social.

CEOE no tardó en reaccionar, señalando la imprecisión del programa y cuestionando el intervencionismo del Ejecutivo por asignar este nuevo papel al SEPE. CCOO y UGT también evitaron dar su opinión sobre un planteamiento que entienden que iba dirigido a la patronal.

Los sindicatos han convocado movilizaciones para el próximo jueves 26 de septiembre frente a las sedes de la patronal, pero saben que el principal escollo es político. Por eso, ya han anunciado que comenzarán a solicitar reuniones con todos los partidos políticos -excepto Vox- para reunir apoyos para reducir la jornada laboral.

Los secretarios generales de CCOO y UGT han asegurado que si no se producen movimientos decisivos, las siguientes protestas irán dirigidas al Gobierno, el cual creen que debe apostar por el cambio en el Estatuto de los Trabajadores y llevarlo al Congreso de los Diputados, incluso si existe la posibilidad de que las formaciones de derecha impidan su aprobación.

En la asamblea celebrada este miércoles, los sindicatos también hicieron referencia a los grupos de BNG, EH Bildu y ERC, que se han mostrado muy críticos con el último acuerdo de pensiones, con la advertencia de que las 37,5 horas semanales son el primer paso para el objetivo de 32.

Laura Ramírez

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