Gobierno apela a la Constitucional para suspender el protocolo canario de atención a menores migrantes

Gobierno apela a la Constitucional para suspender el protocolo canario de atención a menores migrantes

En un polémico movimiento, el Gobierno ha decidido apelar a la Corte Constitucional para solicitar la suspensión del protocolo canario de atención a menores migrantes. Esta medida, implementada por el Gobierno de Canarias, busca brindar protección y apoyo a los menores no acompañados que llegan a las costas españolas. Sin embargo, el Ejecutivo considera que dicho protocolo infringe la legislación estatal y vulnera la autoridad del Estado. La decisión ha generado un intenso debate en el ámbito político y social, con algunos sectores calificándola de inaceptable y contraria a los derechos humanos.

Gobierno llama al Tribunal Constitucional para suspender protocolo canario de menores migrantes

En una medida sin precedentes, el Gobierno ha decidido elevar al Tribunal Constitucional (TC) el protocolo canario de atención a menores no acompañados, con el fin de suspender su aplicación. Esta decisión llega tras más de una semana de tensiones entre el Ejecutivo central y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien aprobó un documento que limitaba la competencia de la comunidad para hacerse cargo de los menores que llegan al archipiélago en cayucos.

Conflicto de competencias, es el argumento que esgrime el Ejecutivo central para justificar esta medida. Según Moncloa, el protocolo canario vulnera el orden constitucional y viola los derechos constitucionales de los menores en situación de abandono. El ministro de Política Territorial, Víctor Torres, ha sido claro al respecto: Una comunidad autónoma no puede no cumplir con las propias y atribuirles otras al Estado.

La tensión entre el Gobierno central y el presidente de Canarias se incrementó cuando Clavijo aprobó el protocolo que limitaba la competencia de la comunidad para hacerse cargo de los menores no acompañados. Ante esta situación, Moncloa dio un ultimátum a Clavijo para que retirase el protocolo en una semana, antes de que el Consejo de Estado emitiera su informe. Sin embargo, el presidente canario se negó a hacerlo, lo que llevó al Ejecutivo central a tomar esta medida.

El dictamen del Consejo de Estado, publicado este martes, sostiene que el protocolo canario vulnera el orden constitucional y viola los derechos constitucionales que cabe atribuir a los menores en situación de abandono. El ministro de Política Territorial ha subrayado que la inconstitucionalidad del protocolo no se limita al ámbito puramente competencial, sino que también encierra una vulneración de los derechos fundamentales, al afectar a la protección y acogida de los menores migrantes no acompañados.

Con esta medida, el Gobierno busca proteger los derechos de los menores migrantes no acompañados y garantizar que se cumplan las competencias establecidas en la Constitución. El Tribunal Constitucional tendrá la última palabra en este asunto, y su decisión será clave para determinar el futuro de la atención a los menores migrantes en Canarias.