En un esfuerzo conjunto para abordar la necesidad de viviendas sociales en la ciudad, el Ayuntamiento de Barcelona y el Govern de la Generalitat han lanzado una convocatoria para desarrollar 600 viviendas sociales en diferentes zonas de la ciudad. Esta iniciativa tiene como objetivo principal proporcionar soluciones habitacionales asequibles y de calidad para las familias y personas que más lo necesitan. La convocatoria está dirigida a promotores y desarrolladores inmobiliarios que deseen participar en este proyecto y contribuir a la creación de un parque de viviendas sociales más amplio y diverso en la ciudad de Barcelona.
El Ayuntamiento de Barcelona y la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat han lanzado una convocatoria para la selección de arquitectos y dirección de obra para la construcción de 600 viviendas de alquiler social en la ciudad.
Esta iniciativa se enmarca en la primera fase del programa 'Habitar B!' , un convenio de colaboración entre el consistorio y el Institut Català del Sòl (Incasòl) para impulsar 1.700 viviendas con un modelo constructivo más inclusivo y sostenible en solares municipales cedidos en derecho a superficie durante 75 años al Incasòl.
Según el comunicado del Ayuntamiento, la convocatoria se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), y estará abierta hasta el 28 de octubre. Las bases de la convocatoria se han diferenciado según el coste de la obra.
Las 11 promociones se localizarán en los distritos de Sant Martí y Sants-Montjuïc, específicamente en las calles Binèfar (209 viviendas), Plom (82), Miquel Porter i Moix (168), Àvila (34), Pere IV (8), Doctor Trueta (61), Sancho Àvila (18) y Marroc (20).
Una vez que el Ayuntamiento formalice el derecho de superficie de los solares, el Incasòl tendrá 5 años para ejecutar la construcción de las promociones. Se prevé que las obras de edificación de esta primera fase terminen durante el primer trimestre de 2029, con una inversión estimada de 82,81 millones de euros por parte del Incasòl.
El precio mensual de los alquileres se determinará en el momento en el que reciban la calificación de vivienda de protección oficial, aunque el consistorio asegura que no será superior al que marque el módulo de vivienda de protección oficial vigente en el momento.
Esta iniciativa supone un importante paso adelante para la construcción de viviendas sociales en Barcelona, y se espera que contribuya a mejorar la oferta de viviendas asequibles en la ciudad.
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