La Organización de las Naciones Unidas condena la vulneración del derecho a un juicio imparcial de una persona con discapacidad intelectual en España

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La Organización de las Naciones Unidas condena la vulneración del derecho a un juicio imparcial de una persona con discapacidad intelectual en España

En un comunicado oficial, la Organización de las Naciones Unidas ha condenado la vulneración del derecho a un juicio imparcial de una persona con discapacidad intelectual en España. Esta condena se produce después de que un tribunal español fallara en garantizar un proceso justo para una persona con discapacidad intelectual, lo que viola los principios fundamentales de justicia y los derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas ha manifestado su preocupación por la falta de acceso a la justicia para las personas con discapacidad en España y ha instado al gobierno a tomar medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos de todas las personas, sin discriminación alguna.

La ONU condena a España por vulnerar derecho a juicio imparcial de persona con discapacidad intelectual

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha emitido una condena al Estado español por vulnerar el derecho de las personas con discapacidad intelectual a acceder a la Justicia en igualdad de condiciones. Según informó Plena inclusión España, la condena se debe a la vulneración del derecho de defensa y a un juicio justo de una persona con un 73% de discapacidad intelectual, condenada en 2015 a 25 años de prisión y que actualmente permanece en la cárcel.

La denuncia fue presentada en su nombre por Plena inclusión España, con el argumento de que en ningún momento se facilitaron los ajustes de procedimiento que esta persona necesitaba para garantizar su derecho de defensa y a un juicio justo.

Discapacidad intelectual y responsabilidad penal

Discapacidad intelectual y responsabilidad penal

Según los hechos contrastados, ni la policía al detenerle, ni el juzgado al prestar declaración, detectaron que el presunto acusado era una persona con discapacidad intelectual, apuntó Plena inclusión. Sin embargo, cuando esta condición se acreditó ante el juzgado, tampoco se tomó ninguna medida ni se tuvo en cuenta de ninguna forma, a pesar de que Plena inclusión Castilla-La Mancha alertó de esta necesidad.

El comité de la ONU considera que tanto los jueces como la fiscalía deberían haber actuado de oficio y con la debida diligencia en cuanto se percataron de la discapacidad del autor.

Recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

En el documento, el comité de la ONU considera que el Estado español debe proporcionar a la persona con discapacidad una compensación por los daños provocados y por los gastos judiciales en que haya incurrido para presentar esta comunicación.

Asimismo, indica que el Estado español tiene la obligación de ofrecerle un juicio con todas las garantías y de asegurar que el acusado disponga de los ajustes procedimentales y apoyos necesarios conforme a la presente decisión y a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, refrendada por España en 2007.

Esta denuncia, presentada por Plena inclusión España al Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en 2019, fue elaborada de forma conjunta con alumnado de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos Javier Romañach, del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid.

Inés de Araoz, coordinadora del Área Jurídica de Plena inclusión España, calificó de especialmente acertada la petición de la ONU.

Jorge Vidal

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