El Gobierno amenaza a las autonomías insumisas con retención de fondos estatales si no implementan la Ley de Vivienda
En un movimiento contundente, el Gobierno central ha lanzado una advertencia clara a las autonomías que se niegan a implementar la Ley de Vivienda, una normativa que busca regular el mercado inmobiliario y proteger los derechos de los consumidores. Ante la inacción de algunas comunidades autónomas, el Ejecutivo ha amenazado con retener fondos estatales destinados a proyectos de vivienda y desarrollo urbanístico. Esta medida es una respuesta firme a la desobediencia de aquellos gobiernos regionales que se oponen a la aplicación de la ley, y busca garantizar que se cumplan los objetivos de acceso a la vivienda digna para todos los ciudadanos.
El Gobierno amenaza con retener fondos a autonomías que no aplican la Ley de Vivienda
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha advertido que aquellas comunidades autónomas que no cumplan con la ley de vivienda no recibirán financiación estatal para sus políticas en esta materia.
En declaraciones a TVE recogidas por EP, Rodríguez explicó que se está trabajando en el Plan Estatal de Vivienda y que el conjunto de las autonomías efectúan su política de vivienda con una financiación del Estado de aproximadamente el 70% o 75%. Sin embargo, la ministra manifestó que quiere seguir apoyándolas económicamente, pero que también pongan estas administraciones más presupuesto.
Si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley, remarcó Rodríguez.
La ministra considera que no puede tratar por igual a aquellas regiones que están haciendo esfuerzos para cumplir la ley y ayudar a sus ciudadanos, y aquellas que, por atacar al Gobierno, se muestran insumisas con el cumplimiento de la normativa.
Y, por tanto, la propia ley me faculta, de manera extraordinaria, a trabajar con aquellas comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos, subrayó Rodríguez.
Rodríguez se dirigió expresamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y afirmó que el problema de la vivienda no va de pelearse con el Gobierno.
Esto no va de hacerle zancadillas a Pedro Sánchez, señora Ayuso. Esto va de que hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la ley. Que no tienen acceso a una vivienda, que son empleados públicos de la Comunidad de Madrid, maestros, maestras, enfermeros y enfermeras, que están obligados a compartir piso. Que esto es insostenible socialmente, señora Ayuso, defendió la ministra.
La ministra recordó a la Comunidad de Madrid que hay una herramienta, la ley de vivienda, que permite dar respuesta a esa situación.
Y yo me comprometo a ayudar a la Comunidad de Madrid con más fondos, con más recursos, con respuestas extraordinarias para que dé respuesta a esa situación. La Comunidad de Madrid recibe del Gobierno de España 2.000 millones de euros desde el año 2018 en diferentes programas para política de vivienda. Lo que quiero es que se ejecuten bien y que a partir de ahora se orienten al cumplimiento de la ley, abundó Rodríguez.
Según la ministra, los planes estatales de vivienda datan del principio de la democracia y han sido un apoyo del Gobierno a las comunidades autónomas que ejercían esa competencia sin amparo competencial del Estado, porque no existía la ley de vivienda.
Hoy la tenemos. El Tribunal Constitucional nos ha dicho que el Estado es competente para garantizar la igualdad de los españoles en el acceso a la vivienda. Y, desde luego, yo me voy a empeñar en ello (.) Ahí donde se está produciendo una tensión, que está definida en la ley, que nos da instrumentos para superarla, y que por un empeño partidario no se está cumpliendo, tendrá también sus consecuencias, explicó Rodríguez.
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