La Audiencia de Sevilla analiza posibles delitos de violencia y acoso por parte de Alvise tras publicar una foto de la hija del líder del PSOE, Pedro Sánchez.
La Audiencia de Sevilla ha abierto una investigación para analizar posibles delitos de violencia y acoso cometidos por Alvise, un conocido periodista y tertuliano, tras la publicación de una foto de la hija del líder del PSOE, Pedro Sánchez. Esta controvertida acción ha generado un gran revuelo en el ámbito político y social, ya que se considera una grave invasión de la privacidad de la menor. La Fiscalía ha decidido investigar los hechos para determinar si Alvise incurrió en conductas delictivas que atenten contra la integridad y la dignidad de la hija del líder del partido socialista.
La Audiencia de Sevilla reabre investigación a Alvise por publicar foto de hija de Pedro Sánchez
La Audiencia de Sevilla ha ordenado al juzgado de instrucción 1 de la capital reabrir la investigación para comprobar si hubo delito de descubrimiento y revelación de secretos en la actuación del eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, al publicar una fotografía de una hija del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En un auto del 9 de septiembre, el tribunal acordó revocar el archivo de esta investigación decretado por el juzgado de instrucción 1 el 27 de mayo de 2024, que consideraba que no constituía infracción penal alguna. Sin embargo, la Fiscalía recurrió el sobreseimiento de la causa, que finalmente volverá a ser investigada.
El posible delito del eurodiputado es la publicación en su cuenta de Telegram de una imagen de la cuenta de Instagram de la hija de Sánchez, que fue difundida sin permiso el 16 de noviembre de 2023 con la leyenda (A.S.G.), hija de Pedro Sánchez, estudia en un centro privado en Inglaterra, y la traen un par de veces al mes en un vuelo privado.
En el mensaje, el eurodiputado añadió: Socialistas pero van a centros extranjeros de 40.000 euros al año, viajes de avión incluidos mientras a nosotros nos los quieren prohibir. La hija no tiene la culpa de la hipocresía de su padre el tirano, pero es prueba de ello, y España debe saberlo.
Una vez difundida la foto y el texto en la cuenta de Telegram, con 326.000 seguidores, hubo insultos y comentarios de carácter sexual y vejatorios contra la joven, y Alvise Pérez tapó la cara de la joven con un emoticono, pero los certificados digitales llegaron a la Agencia de Protección de Datos, que sirvió para el recurso de la Fiscalía.
No sería admisible cerrar de plano el procedimiento negando a priori el carácter delictivo de las conductas denunciadas, pues claramente, a tenor de los documentos aportados, existen indicios de que tal conducta efectivamente podría haber sido ejecutada, señala el auto.
El auto recuerda que la denunciante señala que la foto está alojada en una cuenta privada sin acceso más que para aquellos autorizados, y que queda indiciariamente acreditado, por la documentación aportada, que la foto real e íntegra de la hija del presidente fue publicada en el canal de Telegram de Alvise aunque lo fuera por tres minutos.
El tribunal destaca que este es tiempo suficiente para poder ser vista por miles de personas, por lo que considera preciso iniciar la investigación a los efectos de poder aclarar cómo fue que dispuso de dicha foto, que le permitió luego su difusión, señala el auto.
Por lo tanto, el tribunal añade que “no sería admisible cerrar de plano el procedimiento negando a priori el carácter delictivo de las conductas denunciadas, pues claramente, a tenor de los documentos aportados, existen indicios de que tal conducta efectivamente podría haber sido ejecutada” de forma que ordena tomar declaración a los protagonistas, aunque recuerda el carácter de aforado del eurodiputado.
Esta decisión de la Audiencia de Sevilla se produce días después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha remitido al Supremo una denuncia contra el eurodiputado por su relación con la presunta estafa piramidal de Madeira Invest, de la cual habría recibido 100.000 euros para promocionar la plataforma de inversión en actos públicos.
La denuncia, presentada por el responsable de Madeira Invest, Álvaro Romilla, la recibió la FGE el 19 de septiembre, y ya se ha enviado a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que es la competente para investigar si puede existir un delito de financiación ilegal, ya que el denunciado es aforado por su condición de eurodiputado.
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