El juez del caso Koldo ordena comparecencia del número 3 de Interior y a las responsables de la auditoría contratada por Óscar Puente para declarar en

El juez del caso Koldo ordena comparecencia del número 3 de Interior y a las responsables de la auditoría contratada por Óscar Puente para declarar en el proceso

En un nuevo giro en el caso Koldo, el juez encargado del proceso ha ordenado la comparecencia de importantes figuras clave en la investigación. Entre ellos se encuentra el número 3 de Interior, un alto funcionario del Ministerio del Interior, y las responsables de la auditoría contratada por el ex-alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Según fuentes cercanas al caso, la declaraciones de estos testigos serán cruciales para esclarecer los hechos relacionados con la supuesta malversación de fondos públicos durante la gestión de Puente en la alcaldía. La citación a declarar es un paso más en la instrucción del caso, que ha generado un gran interés público en los últimos meses.

El juez del caso Koldo ordena declaraciones de responsables de Interior y auditoría para esclarecer presuntas irregularidades

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo ha acordado citar como testigos al director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González 'Lenin', y a las autoras del informe de auditoría encargado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, relativo a los expedientes objeto de investigación.

En tres autos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, el magistrado resuelve así sobre las últimas peticiones de las acusaciones en el marco de la investigación que sigue por las presuntas comisiones por las adjudicaciones para la adquisición de mascarillas durante la pandemia.

El juez ordena comparecencia de José Antonio Rodríguez González y autoras del informe de auditoría en el caso Koldo

El instructor accede a la petición de la acusación popular Liberum, que consideró necesario arrojar luz sobre la falta de justificación en la recepción de las mascarillas -objeto de los contratos de suministro otorgados por Puertos del Estado y Adif a Soluciones de Gestión SL-. Además, acuerda citar como testigos al propietario y presidente de la sociedad Raminatrans SL, Rafael Millas, al jefe de Presupuestos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Jorge Meana, y al secretario general y del Consejo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, Julio González García.

En un segundo auto, el juez Ismael Moreno accede a la solicitud de la Fiscalía de requerir a la Agencia Tributaria para que designe a funcionarios en función de auxilio judicial para la determinación de las cuotas que eventualmente pudieran haber dejado de ingresar a la Hacienda pública tanto Soluciones de Gestión SL como Víctor de Aldama -el presunto conseguidor de la trama- en el ejercicio 2020.

El juez, siguiendo el criterio del Ministerio Público, acepta además ahondar en los contratos adjudicados por Puertos del Estado, Adif y la Secretaria de Estado de Seguridad. Por eso, no solo acepta la testifical de 'Lenin' sino también la de las dos inspectoras de Servicios del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible participantes en el informe de auditoría desarrollado en cumplimiento de la Orden de 27 de febrero de 2024 dictada por el responsable de la citada cartera, Óscar Puente.

En un tercer auto, Moreno acuerda la práctica de otra diligencia solicitada por el fiscal Luis Pastor y dirige sendos mandamientos a los Servicios de Salud de Islas Baleares y de Canarias. Deberán facilitar copia, en presencia de la Guardia Civil, del contenido de todos los buzones y carpetas del correo electrónico corporativo de determinadas personas, así como la documentación que obre en su poder sobre contratos adjudicados a Soluciones de Gestión SL que no hubiera sido previamente entregada a la Fiscalía Anticorrupción.

El juez explica que esta diligencia es útil para el descubrimiento del ilícito penal objeto de investigación, proporcionada a la gravedad del delito y necesaria para poder avanzar en la investigación, que se sigue por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda pública.