En un giro inesperado, la coalición formada por Bildu y ERC ha decidido ceder a las presiones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y renunciar a vetar el acuerdo que permite las devoluciones en caliente en un plazo de tres meses. Esta oferta, realizada por el PSOE en 2023, ha sido clave para desbloquear la situación y permitir que se lleven a cabo estas medidas. La decisión de Bildu y ERC ha sido recibida con alivio por parte del Ejecutivo, que llevaba tiempo negociando con los partidos independentistas para alcanzar un acuerdo. Ahora, la atención se centra en la implementación de estas medidas y en el impacto que tendrán en la política migratoria del país.
Bildu y ERC ceden a las presiones de Sánchez y renuncian a vetar acuerdo sobre devoluciones en caliente
Los portavoces de ERC y Bildu, Gabriel Rufián y Mertxe Aizpurua, y el diputado 'abertzale' Oskar Matute han anunciado un desbloqueo en la negociación para reformar la ley mordaza, luego de llegar a un acuerdo con el PSOE y Sumar.
En este pacto, los abertzale han logrado que los socialistas se comprometan a retirar gradualmente las pelotas de goma del catálogo de material antidisturbios que utilizan las fuerzas de seguridad, pese a que esa fue una de las líneas rojas del PSOE la pasada legislatura.
La letra pequeña del pacto
La letra pequeña del pacto esconde otra renuncia, en este caso de Bildu y ERC, que han aceptado un redactado mucho menos ambicioso en materia de devoluciones en caliente que, incluso, el que los socialistas les ofrecían hace un año y medio.
La historia de esa negociación fallida es bien conocida: las conversaciones, hace año y medio, llegaron a un punto muerto por, entre otros motivos, las devoluciones de migrantes en frontera, y ERC y EH Bildu bloquearon la reforma de la ley mordaza acusando al PSOE de exceso de tibieza.
Los independentistas, entonces, rechazaron la última oferta de los socialistas, un texto que obligaba al Gobierno a legislar para acabar con las devoluciones en caliente o, en caso de que no lo hiciera en un máximo de tres meses, dejaba sin efecto el artículo de la ley de extranjería que permite expulsar en la frontera a quienes entren irregularmente en España sin antes comprobar si tienen derecho a solicitar asilo.
La renuncia de Bildu y ERC
En concreto, la medida a la que se opusieron ERC y EH Bildu la legislatura pasada y que dio al traste con la negociación planteaba que, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la reforma de la ley mordaza, el Gobierno debía dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de un protocolo de rechazo de migración irregular que respetara la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte.
De no hacerlo así en ese plazo, y este era el punto clave del texto, no podrán adoptarse las medidas contempladas en el apartado 1 de la disposición adicional décima de la ley de extranjería: precisamente la que legaliza las devoluciones en caliente.
Ahora, por el contrario, lo firmado con PSOE y Sumar es un pacto que únicamente compromete al Gobierno a intentar modificar la ley de extranjería en un plazo máximo de seis meses para conseguir ese objetivo.
En concreto, el acuerdo establece que, en ese medio año, se procederá a la modificación de la normativa sobre extranjería para reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de derechos humanos y protección internacional de la que España es parte.
La diferencia clave es que, en este caso, no se apuesta por incluir esta modificación legal dentro de la ley mordaza que se va a reformar, sino que únicamente se insta en dicho texto legal a modificar, en un plazo máximo de seis meses, la ley de extranjería.
Y cambiar la regulación relativa a los solicitantes de asilo dependerá de que el Gobierno logre, dentro de muchos meses, concitar las mayorías suficientes para modificar la ley de extranjería en el Congreso, algo que en las últimas semanas ha sido imposible pese a la emergencia migratoria en Canarias.
El acuerdo sobre las devoluciones en caliente
Lo pactado por PSOE, Sumar y EH Bildu es que la nueva redacción sobre las devoluciones en caliente establezca que la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión, lo cual prohibiría, de facto, el rechazo en frontera.
No obstante, para que ese texto llegara a entrar en vigor, necesitaría del apoyo de formaciones como Junts, que no ve con malos ojos la reforma de la ley mordaza, pero que en asuntos de extranjería es mucho más reacio a apoyar las tesis progresistas.
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