Òmnium denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas el boicot judicial a la ley de amnistía

Òmnium denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas el boicot judicial a la ley de amnistía

En un llamamiento urgente, la entidad independentista catalana Òmnium Cultural ha decidido denunciar ante la Organización de las Naciones Unidas el boicot judicial que, según la organización, se está llevando a cabo en España contra la ley de amnistía. Esta ley, que busca anular las condenas a los líderes independentistas catalanes, ha sido objeto de reiteradas trabas y obstáculos por parte del poder judicial español, lo que Òmnium considera un atentado contra la justicia y la democracia. La entidad busca que la comunidad internacional sea consciente de esta situación y exija al Estado español que respete el Estado de derecho y permita la aplicación de la ley.

Òmnium denuncia ante ONU boicot judicial a ley de amnistía en España

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha denunciado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) el boicot de parte del poder judicial a la ley de amnistía, una situación que impide la aplicación efectiva y rápida de la norma y que, según la entidad, tiene efectos disuasorios entre el resto de la judicatura y entre los represaliados.

Según Òmnium, el poder judicial español se rige por una doble vara de medir en la aplicación e interpretación de la ley, lo que evidencia la intencionalidad política y parcial que tiene. Esto se desprende del informe presentado por la Sindicatura por la Amnistía, que analiza la tendencia de aplicación de la normativa.

Maniobras dilatorias y falta de aplicación

El informe destaca que las maniobras consideradas dilatorias de aplicación de la ley, como recursos de inconstitucionalidad y cuestiones prejudiciales a instancias europeas, provocan que algunos jueces no quieran aplicar la amnistía hasta que los magistrados de rango superior, como los del Tribunal Supremo, apliquen una doctrina unificada.

Por otro lado, los redactores del estudio también han detectado que entre las defensas de los investigados, en algunos casos los afectados no ven la utilidad de pedir una medida de gracia que creen que no se les va a aplicar.

Denuncia internacional

Aprovechando el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, Òmnium ha enviado el informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para denunciar internacionalmente estas prácticas que, a juicio de la entidad, aplica la cúpula judicial española.

La entidad considera insuficiente e irregular la aplicación de la amnistía desde que la ley ha entrado en vigor, y la vincula directamente a la oposición de sectores de la derecha y la extrema derecha española, tanto en el ámbito político como judicial.

Estrategia paralizadora y ataque a la democracia

Òmnium denuncia que la estrategia “paralizadora y dilatoria” merma la “confianza” en el sistema judicial español y “perpetúa” la represión política. Antich lo califica de “ataque a la democracia”.

La entidad también considera arbitraria y contraria a la separación de poderes la interpretación que el Tribunal Supremo hace sobre el delito de malversación, que la ley considera incluido siempre y cuando no haya un propósito de enriquecimiento personal.

Envío de informe a instituciones internacionales

Òmnium enviará el informe a instituciones que velan por la defensa de derechos fundamentales como el Síndic de Greuges, el Ombudsman de Europa, la Comisión Internacional de Juristas y el Defensor del Pueblo, con el objetivo de seguir “visibilizando la obstrucción de la judicatura frente al ejercicio de derechos fundamentales”.

Personas amnistiables

Según el informe, existen 1.610 personas represaliadas y amnistiables en el marco del proceso soberanista catalán, 726 de las cuales con causas penales (691) y del Tribunal de Cuentas (35). De estas, 726 se han realizado 330 tramitaciones, con 72 amnistías concedidas, 45 denegadas, 47 en suspensión por las cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales en el TJUE y 166 sobre las que no hay constancia de respuesta judicial. Otros 396 no hay constancia de que se hayan tramitado.

Por lo que respecta a las otras 844 hasta llegar a las 1.610, se trata de personas con sanciones administrativas. Ha habido 32 tramitaciones con 20 amnistías concedidas y 12 desestimadas.