Tendido el camino hacia la huelga general de alquileres: historia de una lucha de 1931 en España y los riesgos legales de unirse a ella

Tendido el camino hacia la huelga general de alquileres: historia de una lucha de 1931 en España y los riesgos legales de unirse a ella

La huelga general de alquileres se perfila como una realidad cada vez más cercana en España, tras décadas de lucha y reivindicaciones por parte de los inquilinos y organizaciones sociales. Pero, ¿cuál es el origen de esta lucha? La respuesta se encuentra en la historia de 1931, cuando los inquilinos españoles se organizaron para enfrentar la especulación y la explotación en el mercado de la vivienda. Aunque la huelga general de alquileres puede ser una herramienta efectiva para defender los derechos de los inquilinos, también conlleva riesgos legales que es importante tener en cuenta antes de unirse a esta lucha. En este artículo, exploraremos la historia detrás de esta movilización y los posibles riesgos que conlleva.

La lucha por la vivienda digna: ¿qué implicaciones legales tendría una huelga general de alquileres en España?

El próximo domingo 13 de octubre, inquilinos de todo el país saldrán a las calles para manifestarse contra los desahucios y por una vivienda digna. La convocatoria es liderada por el sindicato de inquilinas, que denuncia que el 60% de los ingresos van directos al bolsillo de los rentistas.

En España, la brecha entre quienes acumulan propiedades e ingresos por el alquiler y quienes no pueden acceder a una vivienda en propiedad es cada vez más amplia. Los jóvenes son los más afectados, ya que no pueden independizarse hasta los 30 años y dependen del apoyo familiar para hacerlo. De hecho, solo el 16,3% de los jóvenes pudo emanciparse en el primer semestre de 2023, la mitad que la media de la UE.

Los datos hablan por sí solos

En los últimos cinco años, el precio mediano del alquiler subió un 19% en España, más que la subida de los ingresos medios de los españoles (14%) y tres veces más que la inflación en ese mismo período (6,7%). Los salarios de los jóvenes entre 18 y 35 años se sitúan entre los 1.200 y 1.500 euros de media, lo que hace que vivir en solitario se vuelva prácticamente imposible para la mayoría. De hecho, según los cálculos del Consejo de la Juventud de España (CJE), los jóvenes dedican un 108% de su salario al alquiler de la casa y a los suministros.

Ante esta realidad, el sindicato reivindica no solo una bajada de los precios del alquiler, sino también acabar con la estafa de los alquileres temporales y por habitación, y el fin de las operaciones de compraventa con fines especulativos, entre otras.

La huelga de alquileres, un camino peligroso

Aunque la manifestación del 13 de octubre es solo el comienzo, los sindicatos llaman a iniciar una escalada de movilizaciones hasta desembocar en una huelga de alquileres. Pero ¿qué es la huelga de alquileres?

En agosto de 1931, más de 90.000 familias barcelonesas se declararon en huelga y dejaron de pagar sus alquileres. Sus demandas eran dos: que el gobierno construyera vivienda barata y que se obligara a una rebaja del 40% del precio de los alquileres.

Rescatando este episodio de nuestra historia, los sindicatos comienzan ahora a hablar de una huelga de inquilinos para acabar con la crisis actual. Pero ¿qué repercusiones legales podría tener para quienes participen?

Posibles repercusiones de una huelga de alquileres

Si una inquilina deja de pagar, el problema lo tiene ella. Pero si diez mil inquilinas nos organizamos para no pagar, el problema lo tienen los caseros y los gobiernos que les sostienen. En eso consiste la #HuelgaDeAlquileres hacia la que caminamos, afirman desde el sindicato.

Sin embargo, la realidad es que en España, la huelga de alquileres no está reconocida como un derecho legal, ya que el artículo 28 de la Constitución solamente recoge el derecho a la huelga por motivos laborales. Por eso, de llevarse a cabo, no tendría amparo legal en los derechos que tiene una persona por hacer huelga.

Las consecuencias no serían penales, pero podrían ser civiles, como reclamaciones judiciales por parte del propietario o incluso desahucios, como ocurría en aquel 1931 cuando la Cámara de la Propiedad y el Patronato de la Habitación de Barcelona protagonizó una fuerte represión policial y jurídica, cuadriplicando los desalojos y deteniendo y apaleando a miles de sindicalistas.

¿Qué pasará si miles de inquilinos se unen en una lucha por vivienda accesible? ¿Qué consecuencias legales tendrían? La respuesta solo el tiempo la dirá.