El Ejecutivo analiza un acuerdo con los socios para revisar y mejorar el impuesto especial a la banca y financiera

El Ejecutivo analiza un acuerdo con los socios para revisar y mejorar el impuesto especial a la banca y financiera

En un contexto de revisión fiscal, el Ejecutivo ha puesto sobre la mesa la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los socios para revisar y mejorar el impuesto especial a la banca y financiera. Este movimiento tiene como objetivo optimizar la recaudación y mejorar la competitividad del sector financiero en el país. Según fuentes cercanas al gobierno, se está evaluando la viabilidad de implementar cambios en la estructura tributaria para que sea más justa y equitativa para todos los actores involucrados. La expectativa es que este acuerdo permita un mayor crecimiento económico y una mayor estabilidad financiera en el país.

El Ejecutivo analiza un acuerdo con socios para reformar impuesto a la banca y financiera

El Gobierno español ha enviado a la Comisión Europea su plan fiscal estructural, un documento en el que detalla las medidas para reducir la ratio de deuda pública a medio plazo y ceñirse a las nuevas reglas de Bruselas tras la pandemia. Entre las medidas propuestas se encuentra la conversión de la tasa extraordinaria al sector financiero y energético en permanente, lo que abre la puerta a cambios en su diseño.

Fuentes gubernamentales han trasladado la posibilidad de que esta figura sea reformulada de cara a la tramitación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. La idea sería fijar las condiciones antes de que pase a ser un tributo más, siempre que el Ejecutivo sea capaz de llegar a un acuerdo con sus socios.

Gobierno español envía plan fiscal estructural a la Comisión Europea y analiza cambios en impuesto a la banca

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha explicado en el Consejo de Ministros que el documento enviado al organismo pilotado por Ursula Von der Leyen evidentemente conlleva la extensión o permanencia de los mismos. Así, con el objetivo de evitar que decaiga al término de 2024 se contempla la opción de prorrogarlo al menos hasta que se apruebe la ley que lo convierte en impuestos, que también aplica para el sector energético.

En el momento actual, la tasa grava con un 4,8% las comisiones y los intereses obtenidos por el negocio en España. No obstante, solo va dirigida a aquellas entidades que en el conjunto de 2019 hubieran registrado un volumen de negocio superior a los 800 millones. Este umbral ha sido uno de los más criticados por los diferentes bancos afectados, ya que puede darse una situación en la que una entidad registre pérdidas y, pese a ello, se vea obligada a pagar el impuesto.

Además, la normativa excluye a las cajas rurales y las firmas extranjeras, factor que les hace competir en desventaja, según han reprochado en reiteradas ocasiones. Al margen de cómo quedaría estipulado el futuro impuesto en caso de que finalmente se introduzcan modificaciones, el sector puso sobre la mesa la necesidad de reconsiderarlo tras la llegada de Cuerpo al departamento de Economía a principios de este 2024.

La intención de que pase a tener carácter definitivo después de tres años (dos de vigencia como tasa extraordinaria y una prórroga en 2024) se enmarca dentro del compromiso con Sumar como parte del acuerdo de investidura para formar Gobierno a finales del año pasado. Las negociaciones también incluyen al sector energético, otro de los afectados por dicho gravamen.

En este sentido, el departamento que lidera María Jesús Montero ya trabaja en una fórmula legal para aprobar las deducciones prometidas en aras de aliviar la carga impositiva. En concreto, el incentivo se debe añadir en una norma con rango de ley y resultaría de aplicación para inversiones estratégicas realizadas desde el 1 de enero de 2024. Es decir, todos aquellos proyectos considerados como tales serían deducibles sobre la base imponible a la hora de liquidar dicho tributo.

La Agencia Tributaria ha recaudado con estas dos tasas casi 2.900 millones durante 2024, cifra similar a la obtenida un año atrás, cuando ingresó 2.908 millones. Un montante que puede ser superior a raíz de la investigación abierta por Hacienda en la que ha detectado discrepancias con las deducciones que aplican las entidades a la hora de estimar cuánto les corresponde abonar y el importe que realmente han satisfecho.