El Gobierno se ve forzado a reaccionar ante la imputación del fiscal general, tras la sentencia del Supremo que deja atónito, y suma un nuevo frente e

El Gobierno se ve forzado a reaccionar ante la imputación del fiscal general, tras la sentencia del Supremo que deja atónito, y suma un nuevo frente en su lucha política

En un giro inesperado en la política nacional, el Gobierno se enfrenta a una nueva crisis política tras la sentencia del Supremo que ha generado un gran impacto en el país. La imputación del fiscal general ha sido el detonante de esta situación, que ha dejado atónito a la opinión pública. Ante esta situación, el Ejecutivo se ve obligado a reaccionar con urgencia para evitar una mayor inestabilidad política. La lucha política del Gobierno se ha complicado aún más con la apertura de este nuevo frente, que pone a prueba la capacidad de respuesta del Ejecutivo en momentos críticos.

El Gobierno se siente acorralado: imputación del fiscal general y sentencia del Supremo desatan un nuevo frente político

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino en la sesión de control al Ejecutivo celebrada este miércoles en el Congreso, en un contexto de creciente presión política y judicial. La inédita imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha sumado a la ya abultada lista de reveses judiciales y políticos a los que tiene que hacer frente el Gobierno, ya damnificado por el caso Koldo, junto con la investigación de la mujer de Pedro Sánchez y en una situación de debilidad parlamentaria por su falta de apoyos en el Congreso.

Los argumentos esgrimidos en la imputación de Álvaro García Ortiz han descolocado a Moncloa, que vuelve a cuestionar otra decisión del Tribunal Supremo, al que reprocha haber asumido que el filtrador fue el fiscal general, lo que cree que da una imagen de que la Justicia es tuerta del ojo derecho.

Una serie de reveses políticos y judiciales

Hace tan solo una semana que se conoció el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que deja al borde de la imputación al exministro José Luis Ábalos y pone en cuestión a varios miembros del Gobierno, a lo que se suma la investigación a la mujer de Sánchez por los delitos de corrupción privada y tráfico de influencias, que sigue su curso sin que las querellas contra el juez Peinado prosperen.

A todo ello hay que añadir las presuntas irregularidades que existen en la contratación del hermano del presidente y que también investiga la UCO. Pero ahora se abre un nuevo frente en el entorno del presidente. El Supremo ha visto indicios suficientes para investigar al fiscal general del Estado por la revelación de los datos fiscales de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La imputación del fiscal general

En concreto, se le imputa una presunta filtración de varios correos intercambiados entre el abogado de Alberto González Amador y la Fiscalía, en los que se abordaba un posible pacto de conformidad para que la pareja de Ayuso evitara una eventual pena de prisión.

El Gobierno no ha dudado en respaldar al fiscal general y su decisión de no dimitir pese a estar imputado por el Tribunal Supremo. Entre delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad, defendió este miércoles el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en sintonía con el resto de ministros, que defienden que lo único que ha hecho García Ortiz es desmentir un bulo.

La reacción del Ejecutivo

En cualquier caso, el Ejecutivo no cree que su imputación vaya a tener mucho recorrido porque lo que se investigan son unas filtraciones a la prensa que el Supremo sospecha que pudieron venir del fiscal, lo que perjudicó el derecho de defensa y la presunción de inocencia del empresario.

Por ello, el Gobierno ve remota la posibilidad de que se acabe condenando al fiscal general por revelación de secretos por esas filtraciones, ya que defiende que al menos 30 personas tenían acceso a los citados correos electrónicos.

Además, ven muy difícil que el Supremo llegue a algún puerto ya que ningún periodista va a desvelar sus fuentes y los filtradores habrán borrado ya sus huellas. Va a haber mucho ruido, pero esto va a quedar en nada, pronostican desde el Ejecutivo.

La reacción de la oposición

Y aunque cuenta con el respaldo del Ejecutivo y de algunos de sus socios, que ven en la imputación una maniobra del PP, la oposición ha salido en bandada a pedir la dimisión del fiscal.

No puede seguir contaminando todo lo que hace la Fiscalía en nuestro país, señaló la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, al igual que Vox, que ha aseverado que el Gobierno ha copado de saqueadores y de extorsionadores las instituciones.

En cualquier caso, en lo que sí coinciden tanto oposición como algunos socios del PSOE es que el Ejecutivo de Sánchez se encuentra en sus horas más bajas y en medio de un callejón de difícil salida.