- Organizaciones catalanas exigen a Illa una respuesta inmediata sobre el alquiler social después del fallo del Tribunal Constitucional
- Organizaciones catalanas exigen respuesta urgente a Illa sobre alquiler social después del fallo del Tribunal Constitucional
- La situación de emergencia en el alquiler social
- Exigencias a los responsables políticos
- Reacciones y críticas al Tribunal Constitucional
En un urgente llamamiento, various organizaciones catalanas han demandado al consejero de Vivienda, Salvador Illa, que proporcione una respuesta inmediata sobre el futuro del alquiler social en Cataluña. Esta petición surge después del fallo del Tribunal Constitucional, que ha declarado inconstitucional la ley de medidas urgentes en materia de vivienda aprobada por el Parlamento de Cataluña en 2020. Las organizaciones, que representan a miles de personas afectadas por la crisis habitacional, exigen que el consejero Illa aclare la situación y proporcione soluciones efectivas para garantizar el acceso a una vivienda digna para todos.
Entidades sociales y sindicatos de Cataluña han reclamado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, una solución inmediata en materia de vivienda y de alquiler social después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya declarado nulos varios artículos de la Ley de Vivienda de Catalunya de 2022.
El portavoz de la PAH, Juanjo Ramon, le ha emplazado a que se deje de grandes anuncios populistas en temas de vivienda y se ponga las pilas, en rueda de prensa ante el Parlament este viernes, en la que también han intervenido representantes de CC.OO. de Catalunya, UGT de Catalunya, CGT, Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), el Sindicat de Llogateres, la Taula del Tercer Sector, Irídia y Tscat.
Las entidades han cifrado en más de 19.000 los alquileres sociales en riesgo de no renovación, y han asegurado que Cataluña es el territorio con más desahucios de España, con una media de 34 diarios.
La también portavoz de la PAH, Delia Cerare, ha replicado que el problema de la vivienda es urgente, es a día de hoy.
Exigencias a los responsables políticos
Ramon ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Yolanda Díaz a que sean competentes y que regulen el alquiler social en todo el Estado y que, si no, autoricen a las comunidades autónomas a hacerlo ellas.
La representante de UGT de Cataluña, Enriqueta Duran, ha asegurado que el precio del alquiler es una de las principales causas del empobrecimiento de las personas trabajadoras.
El representante de CC. OO. de Cataluña, Daniel Cruz, ha erigido la vivienda como el problema más importante que sufre la clase trabajadora.
Reacciones y críticas al Tribunal Constitucional
La representante de la Aliança Contra la Pobresa Energètica, María Campuzano, ha acusado al tribunal de posicionarse del lado de los poderes económicos.
Susana Roig, de la Taula del Tercer Sector, ha reclamado de una vez por todas un pacto nacional de la vivienda.
El miembro de la ANC, Carles Sastre, ha criticado que las leyes catalanas son rechazadas en Madrid de manera sistemática y ha dicho que en una Cataluña independiente la gente viviría mejor.
Finalmente, el representante del Sindicat de Llogateres, Marcel Valls, ha asegurado que el fallo del TC da más motivos para salir a las calles el 23 de noviembre, cuando está prevista una manifestación contra los rentistas culpables, los políticos responsables y también los tribunales que les hacen el trabajo sucio.
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