El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una nueva ley que busca favorecer la reinserción social de personas condenadas por delitos políticos. Esta importante medida legislativa, que entrará en vigor en un plazo de 20 días, tiene como objetivo principal facilitar la reincorporación a la sociedad de aquellos individuos que han cumplido condena por este tipo de delitos. La normativa busca sentar las bases para una reinserción efectiva y sostenible, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa y segura.
Es importante destacar que, en el marco de esta noticia, es fundamental utilizar un lenguaje neutro y objetivo, evitando términos peyorativos que puedan generar controversia. En este sentido, se recomienda emplear términos más precisos y respetuosos al referirse a los miembros de organizaciones terroristas, como la organización terrorista ETA.
Ley sobre reinserción de condenados por delitos políticos entra en vigor en días
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la ley sobre intercambio de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales en la UE, norma que permitirá a algunos terroristas de ETA salir antes de prisión al contabilizar las condenas cumplidas previamente en Francia.
La ley, que entra en vigor dentro de 20 días después de su publicación en el BOE, ha generado controversia en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular (PP) ha anunciado que presentará un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, argumentando que el Senado, donde tiene mayoría absoluta, había rechazado la ley y que el Congreso debería haberla votado de nuevo.
Sin embargo, la Cámara Baja dio por aprobada la ley sin someterla a votación y la envió al BOE, donde fue publicada con las firmas del rey Felipe VI y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Según la red de apoyo a presos de ETA, 52 etarras podrían beneficiarse de la ley, que permite acumular las penas cumplidas en un país europeo y contabilizarlas para salir antes de prisión. Esta disposición se incorporó en el proyecto de ley durante su tramitación en el Congreso, gracias a una enmienda de Sumar.
El PP sostiene que apoyó el texto por error, pero cuando se percató de ello ya era tarde y no había posibilidad de enmendarlo en el Senado. El partido ha registrado un escrito en el Senado para que requiriera formalmente a la Mesa del Congreso una rectificación, paso previo a presentar un conflicto de competencias ante el Constitucional.
La Constitución española establece que el Rey debe sancionar las leyes aprobadas por las Cortes Generales en un plazo de 15 días y promulgarlas para su inmediata publicación. En este caso, Felipe VI ha sancionado la ley y ordenado su publicación en el BOE.
La ley ha generado polémica en el seno del Congreso de los Diputados, ya que el PP considera que la tramitación de la ley no había sido cerrada en el Senado. Sin embargo, la norma ha sido promulgada y entrará en vigor en breve.
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