- No se considera justa la beneficiencia de delincuentes históricos si se deroga el Código Penal de 2003, critican políticos y víctimas.
- La AVT advierte: derogación del Código Penal de 2003 beneficiaría a delincuentes históricos
- Los posibles beneficiados
- La negación del ministro del Interior
- La reforma del Código Penal
- La cifra de etarras que se pueden beneficiar
No se considera justa la beneficiencia de delincuentes históricos si se deroga el Código Penal de 2003, critican políticos y víctimas.
La posible derogación del Código Penal de 2003 ha generado un intenso debate en el ámbito político y social. Varios políticos y víctimas de delitos han manifestado su rechazo a la idea de que se beneficien delincuentes históricos si se elimina este cuerpo legal. Según sus críticas, la derogación del Código Penal de 2003 sería un paso atrás en la lucha contra la impunidad y la justicia. La beneficiencia de delincuentes históricos es considerada inaceptable por aquellos que han sufrido a manos de criminales que podrían quedar en libertad o recibir penas más leves. En este sentido, se exige que se busquen alternativas que garanticen la justicia y la reparación para las víctimas.
La AVT advierte: derogación del Código Penal de 2003 beneficiaría a delincuentes históricos
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) alerta sobre la posible derogación del Código Penal de 2003, lo que podría beneficiar a los miembros de ETA condenados por atentados mortales, entre ellos Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián, condenados por el atentado en la T-4 de Madrid-Barajas.
Según la AVT, el Gobierno prepara una reforma que eliminaría la condena máxima de 40 años, lo que beneficiaría a los etarras con condenas más recientes. La presidenta de la AVT, Maite Araluce, advirtió que lo van a hacer pronto y que ya queda todo el mundo advertido.
Los posibles beneficiados
Entre los posibles beneficiados se encuentran los miembros de ETA condenados por atentados mortales, como el asesinato del inspector de Policía Eduardo Puelles o el empresario vasco Ignacio Urías.
La lista de atentados mortales de ETA con el Código Penal de 2003 incluye otros asesinatos perpetrados en 2008, como el del político socialista Isaías Carrasco, el agente de la Guardia Civil Juan Manuel Piñuel y el brigada del Ejército Luis Conde la Cruz.
La negación del ministro del Interior
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó que el Gobierno tenga ninguna propuesta ni ningún estudio o análisis de revisión para reformar este cumplimiento máximo de 40 años del Código Penal aprobado por el Gobierno de José María Aznar en 2003.
Grande-Marlaska dijo que no quería polemizar con ninguna asociación de víctimas, después de que la AVT lo acusara un día antes de mentir al negarles en 2022 que el Gobierno buscara con la reforma de la ley orgánica 7/2014 cambiar el cómputo del tiempo de condena de los etarras al descontar la pena cumplida en otro país de la Unión Europea, principalmente en Francia.
La reforma del Código Penal
La reforma del Código Penal del Gobierno de José María Aznar a finales de 2003 amplió las penas máximas de 30 a 40 años.
La AVT teme que el Gobierno elimine la condena máxima de 40 años a los etarras, lo que beneficiaría potencialmente a los etarras con condenas más recientes, ya que la banda terrorista cometió una decena de atentados mortales entre la aprobación de esa reforma del Código Penal y el comunicado en el que puso fin a la violencia en 2011.
La cifra de etarras que se pueden beneficiar
La red de apoyo a presos de ETA Sare informó que su estimación es que son 52 los reclusos de la banda terrorista que pueden computar sus condenas cumplidas en otros países como Francia para acortar la fecha de licenciamiento prevista en España.
La plataforma de apoyo a los presos de ETA Sare ha apuntado a la posibilidad de que los reclusos afectados puedan reclamar responsabilidad patrimonial y ha precisado que, de ellos, 48 se encuentran en centro penitenciarios vascos y cuatro en cárceles francesas, con procedimientos abiertos en España.
La plataforma ha señalado que en la actualidad son 144 los etarras que cumplen condena en diferentes regímenes penitenciarios.
La AVT y Sare se enfrentan en sus posturas
La AVT y Sare se enfrentan en sus posturas sobre la posible derogación del Código Penal de 2003 y la reforma de la ley orgánica 7/2014. La AVT advierte sobre los posibles beneficiados y la impunidad que se podría generar, mientras que Sare defiende la modificación de la ley como una forma de cumplir con la directiva europea y poner fin a la ley de excepción que condena de por vida a los presos.
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