En el desafortunado contexto de la actualidad, se ha desatado un escándalo que ha puesto en entredicho la integridad de cuatro miembros de la policía catalana, conocidos como mossos, quienes enfrentarán un juicio por agredir a un joven y posteriormente falsificar el informe con el objetivo de incriminarlo. Estos graves hechos han generado un profundo malestar en la opinión pública, que demanda justicia y transparencia en el actuar de las fuerzas del orden. La confianza en las instituciones se ve nuevamente cuestionada ante estas acusaciones, que ponen de manifiesto la importancia de una investigación exhaustiva para esclarecer la verdad y garantizar que este tipo de comportamientos no queden impunes.
Cuatro mossos serán juzgados por agredir a un joven y falsificar informe
La Audiencia de Barcelona se prepara para juzgar a cuatro mossos d'esquadra a partir del próximo lunes. La Fiscalía solicita 8 años de cárcel y 16 de inhabilitación para los agentes, acusados de abofetear y tirar al suelo a un joven, ocasionándole la rotura de tres dientes, además de falsificar el informe atribuyéndole agresiones y autolesiones.
Fiscalía pide años de cárcel para mossos acusados de abofetear joven
La Fiscalía requiere la imposición de una condena de 15 años de cárcel y 22 de inhabilitación para los mossos, incluyendo un cabo, por su presunta implicación en los delitos contra la integridad moral, detención ilegal, lesiones y falsedad documental. Se estipula una indemnización de 20.000 euros para la víctima y la Generalitat podría ser responsable civil subsidiaria, con una cifra estimada en 3.400 euros.
Mossos d'esquadra enfrentan juicio por agresión y falsedad documental
Los hechos, capturados en vídeo por una vecina, tuvieron lugar en la calle Nou de Dulce de Barcelona, donde los mossos dieron el alto a un grupo de personas por incumplir el toque de queda. La situación se tornó violenta cuando uno de los agentes abofeteó y empujó al joven, arrojándolo al suelo y reteniéndolo, mientras los otros tres mossos apoyaban la actuación sin objeciones.
La acusación sostiene que los agentes vejaron a la víctima y falsificaron el atestado policial para justificar la detención, imputándole un delito de atentado que nunca ocurrió. El joven, detenido injustamente, vio su caso archivado en junio de 2022, tras comprobarse su inocencia.
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