En un movimiento controvertido, el Ministerio de Consumo ha impuesto una multa récord de 150 millones de euros a varias aerolíneas por presuntas infracciones en la gestión de vuelos y tratamientos a los pasajeros. Sin embargo, las aerolíneas afectadas no se quedan de brazos cruzados y ya están preparando medidas legales para impugnar la multa. Según fuentes cercanas a la industria, las aerolíneas argumentan que la sanción es desproporcionada y arbitraria, y que no se han tenido en cuenta las circunstancias excepcionales que rodearon los hechos. La batalla legal ya ha comenzado, y se espera que sea un proceso largo y complejo.
Aerolíneas enfrentan la multa de millones de euros por no ofrecer equipaje de mano
Las aerolíneas Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea se enfrentan a una multa de 150 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo debido a su política de equipaje de mano. Sin embargo, las aerolíneas afectadas están preparando recursos de alzada y no descartan la vía judicial para impugnar la multa.
Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), ha expresado su convicción de que les darán la razón en la vía judicial. Según Gándara, la multa pretende obligar a 50 millones de pasajeros que suelen viajar solo con equipaje de mano a contratar servicios adicionales que no necesitan.
La organización, que agrupa a más de 60 compañías aéreas y un 85% del tráfico aéreo del país, considera que la decisión del Ministerio de Consumo va en contra de la normativa europea, concretamente el principio de libertad de fijación de precios reconocido en un reglamento comunitario de 2008.
Gándara ha considerado que sería más oportuno que el Gobierno esperara a que la Comisión Europea defina las directrices sobre la estandarización de cuáles son los tamaños de maletas que se pueden aceptar a bordo y si se pueden cobrar o no, en las que está trabajando antes de tomar decisiones como esta multa.
Por ahora, nada cambia, ya que las aerolíneas tienen un plazo que varía entre un mes y mediados de junio para presentar recursos de alzada, y luego el ministerio tiene tres meses para resolverlos. Luego, cabe la vía judicial.
Gándara ha advertido de que la noticia puede dar lugar a que haya pasajeros que vayan a aeropuertos pensando que esta práctica es ilegal, cuando realmente no es el caso. Nos parece que eso realmente hace un flaco favor a los consumidores porque les están dando información incorrecta.
Además, ha expresado su preocupación por la posible desventaja competitiva y el caos que puede generar la medida unilateral del Ministerio de Consumo.
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