El juez archiva la causa contra Tsunami Democrático y obliga a Puigdemont a evitar comparecer por terrorismo

El juez archiva la causa contra Tsunami Democrático y obliga a Puigdemont a evitar comparecer por terrorismo

En un giro sorprendente en el proceso judicial, el juez encargado del caso ha decidido archivar la causa contra el movimiento político Tsunami Democrático, que había sido acusado de terrorismo por su participación en las protestas independentistas en Cataluña. Sin embargo, la noticia no es del todo positiva para el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien ha sido obligado a evitar comparecer en el juicio por los mismos delitos. Esta resolución judicial ha generado un gran debate en el seno político y social, con algunos celebrando la decisión como un triunfo para la libertad de expresión y otros condenándola como un fallo en la lucha contra el terrorismo.

El juez archiva la causa de Tsunami Democrático y obliga a Puigdemont a evitar comparecer por terrorismo

La Fiscalía ha pedido este miércoles que se aplique la amnistía a Carles Puigdemont. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha archivado la causa que investigaba como terrorismo los actos violentos de Tsunami Democrático, después de que la Sala de lo Penal haya invalidado todas las diligencias realizadas por su juzgado a partir del 30 de julio de 2021 debido a que había prorrogado la investigación fuera de plazo.

Entre los imputados estaba la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Esta decisión aboca también el archivo de la causa que abrió en su día el Tribunal Supremo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, imputado en este órgano judicial por terrorismo a petición del propio García Castellón.

El magistrado ha acordado en su resolución remitir testimonio de la misma a la Sala Segunda del Supremo para su unión y demás efectos que procedan. El sumario con el que trabaja el alto tribunal es el mismo que ahora ha quedado invalidado y archivado.

La Sala de lo Penal invalida las diligencias

La sorpresa saltó a mediodía de este lunes, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en respuesta a una de las imputadas en esta causa de Tsunami Democrático, resolvió que García Castellón había dictado una prórroga de la instrucción de forma extemporánea. Lo hizo el 30 de julio de 2021 cuando debía haberlo hecho un día antes, que era el plazo legal que tenía el instructor.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 solo tenía dos opciones: o proponía juzgar a los investigados partiendo de las pruebas obtenidas antes del 30 de julio de 2021 -lo cual no incluía a Puigdemont o Rovira- o decretaba el sobreseimiento libre y archivo de la causa.

El juez dicta un auto y asume el criterio de la Sala de lo Penal

El juez no se ha hecho esperar. Solo unas horas después de la resolución de la Sala de lo Penal -e interrumpiendo sus vacaciones, según fuentes jurídicas-, el magistrado ha dictado un auto en el que asume el criterio de la Sala de lo Penal, que ha hecho constar ese error formal que invalida los tres últimos años de la causa.

La Sala señalaba que una vez anuladas todas las diligencias acordadas en estos últimos tres años, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el instructor solo podía pronunciarse en base al material existente hasta julio de 2021.

El archivo beneficia a varios imputados

Según el magistrado, a las personas investigadas en esta causa, que imputó en los últimos meses tras reactivar la investigación en otoño de 2023, no se les ha tomado declaración en fechas anteriores al límite temporal de julio de 2021 que ha fijado la Sala de lo Penal, por lo que procede el archivo de las diligencias.

Para el instructor, lo investigado después de esa fecha incluye hechos que son susceptibles de manera inequívoca de un delito de terrorismo, pero con el pronunciamiento de la Sala no existen motivos suficientes para atribuir la comisión de ese ilícito a los investigados.

El archivo beneficia directamente a Marta Rovira, el asesor de Puigdemont Josep Lluís Alay y otras ocho personas que estaban imputadas en la Audiencia Nacional. Por su parte, Puigdemont y el diputado de ERC Rubén Wagensberg deberán esperar a la resolución de la magistrada del Supremo Susana Polo, encargada de las diligencias por terrorismo en contra de los dos, pues solo el alto tribunal podía investigarles al estar aforados.

Puigdemont ve así despejarse en parte su futuro judicial, aunque sigue procesado en el Tribunal Supremo por un delito de malversación por la financiación del proceso independentista en 2017, una causa en la que los magistrados han decidido que no le puede beneficiar la ley de amnistía.