En un dato preocupante, España ha registrado una pérdida de 14.000 trabajadoras del hogar en solo un año, a pesar de los esfuerzos realizados para reforzar su protección. Esta cifra es especialmente alarmante si se tiene en cuenta que las trabajadoras del hogar son una de las profesiones más vulnerables y desprotegidas. La pérdida de estas trabajadoras no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que también tiene un impacto en la economía y la sociedad en general. ¿Cuáles son las razones detrás de esta tendencia? ¿Qué medidas se pueden implementar para revertir esta situación y proteger los derechos de estas trabajadoras? Continúe leyendo para descubrir más sobre este tema.
- La protección no es suficiente: España registra una disminución de trabajadoras del hogar en un año
- Una tendencia a la pérdida de relevancia
- La normativa de prevención de riesgos
- No hay un efecto estampida en los registros de la Seguridad Social
- La brecha entre los registros de la Seguridad Social y los datos de la Encuesta de Población Activa
- Un trabajo digno con condiciones indignas
La protección no es suficiente: España registra una disminución de trabajadoras del hogar en un año
Varias personas se manifiestan junto a empleadas del hogar convocadas por la asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC).
Según los datos del Sistema Especial para Trabajadores del Hogar de la Seguridad Social, en septiembre había 357.356 personas afiliadas, lo que supone una disminución de 14.295 respecto al año pasado. La mayoría de estas personas son mujeres.
Una tendencia a la pérdida de relevancia
La economía española afecta a las empleadas del hogar, y según el coordinador del Gabinete Económico de CCOO, Luis Zarapuz, existe una cierta tendencia a la pérdida de relevancia de este sistema especial dentro del conjunto del empleo.
El máximo se alcanzó en 2016 con 430.000 trabajadores, de los que más del 90% eran mujeres, pero es un sector refugio, por lo que a medida que crece el empleo en otras actividades se tiende a abandonar para buscar mejores condiciones.
La normativa de prevención de riesgos
El Ministerio de Trabajo impulsó a inicios de septiembre una normativa acordada con los agentes sociales que incluía una serie de obligaciones en materia de prevención de riesgos para los particulares que contasen con empleadas del hogar, que no serán exigibles hasta 2026.
Esta incluye la evaluación de riesgos, la toma de medidas necesarias, contra con equipos para el desarrollo de sus actividades y formación específica a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Desde CCOO inciden en que este paso no produjo un efecto estampida en los registros de la Seguridad Social, en contra de lo que cabría esperar porque sí hubo un aumento significativo en 2012, cuando esta cotización pasó a ser voluntaria.
Tampoco aprecian un impacto significativo de las subidas del salario mínimo interprofesional, a pesar de que la mayoría de estas trabajadoras están ligadas a la remuneración mínima, actualmente fijada en 1.134 euros brutos en 14 pagas.
En el caso de las empleadas del hogar, resulta significativa la distancia entre los registros de la Seguridad Social y los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en la que la fuente estadística son los sondeos realizados a una serie de familias.
La brecha no se soluciona al incluir a los cerca de 40.000 trabajadores del hogar registrados en el Régimen Común (asalariados), lo que puede ser un indicador de que existen casos de economía sumergida.
Un trabajo digno con condiciones indignas
La directora de la asociación de trabajadoras del hogar SEDOAC, Edith Espínola, resume que es un trabajo muy digno que tiene unas condiciones muy indignas.
SEDAC reprocha que a menudo se tiene una visión muy discriminatoria del sector, por la que se asume que estas profesionales suelen aceptar trabajar en b, a pesar de que todas ellas quieren evitar esta situación para acceder a una pensión.
La situación de los contratos de las trabajadoras del hogar ha mejorado desde la última reforma laboral, pero mantienen una tasa de temporalidad del 22%, la que supera en más de cinco puntos la media del sector privado, pero que se ha reducido en casi tres puntos respecto al dato de 2019.
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