Comunidades españolas aceptarán a más de 390 menores migrantes, pero el Partido Popular pide un plan con financiación para nuevas reubicaciones

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Comunidades españolas aceptarán a más de 390 menores migrantes, pero el Partido Popular pide un plan con financiación para nuevas reubicaciones

En un importante paso hacia la protección de los menores migrantes, las comunidades autónomas españolas han decidido aceptar a más de 390 menores migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Esta medida busca brindarles un futuro más seguro y estable en el país. Sin embargo, el Partido Popular ha pedido al gobierno que establezca un plan de financiación específico para garantizar la reubicación de estos menores y asegurar su bienestar en el futuro. La petición del PP busca garantizar que las comunidades autónomas cuenten con los recursos necesarios para afrontar el desafío de integrar a estos jóvenes en la sociedad española.

El PP pide un plan con financiación para reubicaciones de menores migrantes

Las comunidades autónomas del Partido Popular (PP) han dado luz verde al traslado de casi 400 menores migrantes de Canarias y Ceuta a la península, pero no se han mostrado partidarias de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería negociada entre el Gobierno y el archipiélago para hacer obligatoria la reubicación de los niños extranjeros cuando un territorio de llegadas esté sobrepasado.

Comunidades del PP aceptarán menores migrantes, pero piden recursos adicionales

Comunidades del PP aceptarán menores migrantes, pero piden recursos adicionales

Los consejeros han afeado al Ejecutivo que les haya enviado el borrador de la iniciativa apenas un día antes de la Conferencia Sectorial de Infancia y han exigido más recursos y financiación para la acogida.

El Gobierno y Canarias alcanzan acuerdo para reubicar a menores migrantes, pero el PP se opone

La iniciativa presentada establece un mecanismo solidario y vinculante para todo el país, de tal forma que todas las autonomías estén obligadas a acoger a menores no acompañados cuando los territorios de llegada sobrepasen el 150% de su capacidad.

El Partido Popular critica la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería y pide un plan alternativo

Para el PP, la medida no tiene sentido si no va acompañada de una batería de recursos —materiales, económicos y humanos— para asegurar la acogida adecuada de esos menores migrantes.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y los ministros de Infancia y Política Territorial, Sira Rego y Ángel Víctor Torres, al inicio de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en Tenerife.

El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado que las comunidades del PP acogerán a 400 menores inmigrantes y exige recursos directos para el futuro. Sin embargo, el PP considera que para abordar la crisis migratoria no tiene por qué ser necesaria una reforma legal, sino planificación y coordinación del Gobierno con los territorios, aparte de un fondo de contingencia y alojamientos y medios para poder acoger a los menores.

La reforma del artículo 35 de la ley de extranjería establece un mecanismo vinculante y obligatorio para las comunidades autónomas, que tendrán que hacerse cargo de los menores extranjeros cuando Canarias, Ceuta o Melilla sufran una sobreocupación que supere el 150% del número de plazas disponibles en el sistema de protección.

El PP ha pedido un plan alternativo que incluya la habilitación de instalaciones y la gestión de la acogida de los menores cuando las comunidades estén desbordadas, así como un fondo de contingencia y alojamientos y medios para poder acoger a los menores.

Además, el PP ha pedido que el Ejecutivo pida ayuda a la UE para hacer frente a la situación, tal y como llevan reclamando desde la semana pasada, por la condición de España de frontera de Europa.

La norma establece también un período transitorio para el caso de los menores migrantes solos que a la entrada en vigor de la ley ya estén en cualquiera de esos tres territorios y formen parte de la sobreocupación en el sistema de protección. Así, concreta que, una vez identificados, deberán ser trasladados en el plazo máximo de un año.

Finalmente, la norma precisa que se incluirán las medidas que se estimen necesarias para establecer una financiación suficiente para aplicar el Plan de respuesta ante la situación de contingencia migratoria extraordinaria, que también será ratificado por las comunidades en una Sectorial.

Laura Ramírez

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