En un contexto de urgencia y con la vista puesta en el objetivo de reducir el desperdicio alimentario en España, el proceso de aprobación de la ley para abordar este problema se enfrenta a una carrera contra reloj. Antes de que finalice el año 2025, se espera que se presenten cerca de 300 enmiendas para ser debatidas y votadas en el Congreso de los Diputados. Esta iniciativa legislativa busca establecer medidas efectivas para reducir la cantidad de alimentos que se desechan en España, un problema que afecta no solo a la economía sino también al medio ambiente y la seguridad alimentaria. La aprobación de esta ley es fundamental para que España pueda alinear sus políticas con los objetivos de la Unión Europea en materia de reducción del desperdicio alimentario.
Contra reloj: Enmiendas pendientes antes de aprobar ley contra el desperdicio alimentario en España
A solo tres meses de su entrada en vigor, prevista para el comienzo de 2025, el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario continúa pendiente de aprobación y en fase de negociación parlamentaria, con cerca de 300 enmiendas presentadas.
En junio de este año, las diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados presentaron un total de 278 enmiendas al texto legislativo, y a finales del mes de julio se creó la ponencia correspondiente.
Sergio Matos, portavoz de Alimentación del partido socialista en el Congreso, ha asegurado que actualmente se están manteniendo conversaciones sobre el contenido de la ley entre todos los grupos parlamentarios, en el marco del día mundial de concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, que se celebra este domingo.
Esta ley estuvo a punto de ser aprobada en el anterior mandato y quedó paralizada por la convocatoria electoral. Había bastante consenso y ahora en algunos casos se han presentado otra vez enmiendas parecidas, con lo cual la respuesta del Ministerio es muy parecida; yo deseo que, más allá de alguna tirantez, salga aprobada, afirma Matos.
El contenido de la norma
Se espera que se mantengan aspectos clave del anterior proyecto, como la jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos, con el consumo humano en primer lugar a través de la donación o redistribución de los alimentos.
En siguientes escalones, se contempla la transformación de los alimentos y, cuando no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será la alimentación animal, la fabricación de piensos y finalmente la obtención de compost y biocombustibles.
También se establece la obligación de las empresas de la cadena de contar con un plan de aplicación para prevenir las pérdidas y el desperdicio, y de llegar a acuerdos para donar sus excedentes siempre que sea viable.
La reforma de la representatividad agraria y la declaración de interés general
Al margen, el grupo socialista ha presentado enmiendas para incorporar la reforma de la representatividad agraria -todavía en negociación- y la declaración de interés general de caminos naturales y de determinadas obras de modernización de regadíos, unos asuntos que se entiende que deben incluirse en una ley orgánica.
En línea con la UE
Matos asegura que el proyecto de ley contra el desperdicio alimentario ha tardado en volver a ponerse en marcha a la espera de que saliera adelante una nueva norma europea.
El Consejo de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo deben todavía negociar el texto sobre la propuesta legislativa que hizo en 2023 la Comisión Europea en su revisión de la directiva europea.
Los países han aceptado por el momento fijar objetivos vinculantes para reducir el desperdicio alimentario, que asciende a 131 kilos por habitante al año y representa un coste total de 132.000 millones de euros, según Eurostat.
El Consejo quiere que en 2030 se rebaje el desperdicio en un 10% en procesamiento y manufactura, como proponía la Comisión pero por debajo del 20% que quiere la Eurocámara, y un 30% per cápita en el comercio minorista, restaurantes, servicios de alimentos y hogares, frente al 40% que reclama el Parlamento Europeo.
Más allá de los cambios que se planteen en la UE, el portavoz socialista sostiene que la norma española es bastante completa y la ve necesaria para empezar a trabajar en ese ámbito, pues siempre se puede mejorar con el tiempo desde el poder legislativo.
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