Destapada una organización que obligaba a víctimas de trata para cultivar cannabis en tres provincias españolas
La lucha contra la trata de seres humanos ha dado un importante paso adelante en España con la desarticulación de una organización criminal que obligaba a víctimas de trata a cultivar cannabis en tres provincias del país. Esta red delictiva, que operaba en la sombra, explotaba a personas vulnerables, sometiéndolas a condiciones de esclavitud moderna y obligándolas a participar en la producción de drogas ilícitas. La investigación, llevada a cabo por las autoridades españolas, ha permitido desmantelar esta estructura criminal y rescatar a varias víctimas que estaban sometidas a esta situación de trata y explotación.
Destapada red de trata: víctimas forzadas a cultivar cannabis en España
La Policía Nacional ha detenido a 28 personas en una operación en la que ha desmantelado una red acusada de explotar al menos a dos víctimas de la trata, a las que trajo a España con falsas promesas de trabajo y las obligó a cuidar algunas de sus nueve plantaciones de marihuana en Barcelona, Tarragona y Castellón.
Según ha informado la policía, cuatro de los detenidos han ingresado en prisión tras esta operación, en la que se ha liberado a las dos víctimas, que llevaban meses recluidas en las plantaciones, donde se han intervenido 13.218 plantas de marihuana y 1,3 kilos de hachís.
La investigación se inició en febrero de 2023, cuando se localizaron dos plantaciones de marihuana en naves industriales de Castellbisbal y Molins de Rei, en Barcelona, y una de las personas que se encargaba de cuidarlas explicó que estaba recluida y que había sido engañada en su país de origen, Albania, por un compatriota, que le prometió trabajo en España en un negocio de lavado de coches.
Según la policía, la red criminal facilitó el traslado de esta víctima de la trata a España y, nada más llegar al aeropuerto, le enviaron directamente a una nave industrial que ocultaba una plantación de marihuana, le retiraron el pasaporte y el teléfono móvil y le obligaron a cuidar la plantación, con la amenaza de hacer daño a su familia si no lo hacía. La víctima estuvo recluida durante tres meses en la plantación.
Posteriormente, la policía localizó a otra persona en una situación parecida en otra plantación, aunque en su caso los miembros de la organización le engañaron diciéndole en su país de origen que se encargaría de una plantación de marihuana y que en España esta actividad era legal. Esta segunda víctima estuvo recluida durante dos meses en una plantación de marihuana.
Las dos víctimas liberadas vivían en el interior de la plantación, sin poder salir al exterior, sin luz natural ni ventilación y únicamente comían lo que les proporcionaba algún miembro de la organización.
Con la documentación incautada en estas primeras plantaciones y las declaraciones de las víctimas, la policía localizó otras seis plantaciones en Barcelona, Tarragona y Castellón, en las que no se encontraron a otras víctimas de la trata.
Tras varios meses de investigación, los agentes comprobaron que la red utilizaba chalés en urbanizaciones aisladas para continuar con el cultivo de la marihuana, hasta que en junio pasado detuvieron a todos sus miembros en un registro simultáneo en tres domicilios particulares y cuatro chalés.
Los detenidos están acusados de los delitos de trata de seres humanos, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, falsedad documental, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y defraudación de fluido eléctrico.
En los registros, la policía también intervino dos armas largas, una arma corta, cartuchos de 9 milímetros, 35.320 euros en efectivo y ocho documentos de identidad falsos.
Según la policía, uno de los principales líderes de la organización fue condenado en 2002 a 25 años de prisión en Albania por cruce y asistencia ilegal de las fronteras del Estado.
Además, la red ahora desarticulada mantenía vínculos con otra organización investigada por la policía, que detuvo a 123 personas por favorecer de forma masiva la inmigración ilegal de ciudadanos albaneses.
La organización desarticulada estaba perfectamente estructurada, según la policía, de forma que el cabecilla, un ciudadano español, se encargaba de localizar las naves industriales, gestionar los alquileres y comprar todo el material para la plantación. Por encima de él se situaban los líderes de la organización, que eran los que daban órdenes para que la red funcionara.
Por debajo del cabecilla estaban los encargados de localizar a las posibles víctimas en su país de origen para que cuidaran durante todo el día las plantaciones, así como los controladores, que vigilaban a las víctimas de la trata y acudían cada dos o tres semanas a las plantaciones para proporcionarles lo necesario para seguir con el cultivo.
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