El abogado de tres detenidos en el centro de menores de Ateca solicita su libertad al considerar que no hay pruebas concretas contra ellos
En un incidente que ha generado gran interés en la opinión pública, el abogado defensor de tres jóvenes detenidos en el centro de menores de Ateca ha solicitado su libertad inmediata al considerar que no existen pruebas concretas que los vinculen con los hechos que se les imputan. Según el letrado, la investigación no ha aportado elementos suficientes para justificar la detención de sus clientes, por lo que ha presentado un recurso para que se les permita regresar a sus hogares. La comunidad sigue con atención el desarrollo de este caso, que ha suscitado un gran debate sobre la justicia y la presunción de inocencia.
Abogado de tres detenidos en centro de menores solicita su libertad sin pruebas concretas
El abogado de tres de los cinco trabajadores del centro de menores de Ateca detenidos como presuntos autores de delitos de organización criminal, contra la integridad moral, torturas, lesiones y agresión sexual contra los jóvenes internos ha solicitado la puesta en libertad provisional de sus clientes.
El letrado, Juan Manuel Martín Calvente, entiende que no se han presentado pruebas objetivas que incriminen a sus tres representados, detenidos tras las denuncias interpuestas por las madres de dos menores. Una de ellas presentó una queja en la institución de El Justicia de Aragón (el Defensor del Pueblo autonómico) con datos e imágenes como prueba de las agresiones.
La petición de libertad provisional
La petición de puesta en libertad de los detenidos coincide con la petición realizada por la Asociación Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive) a la titular del Juzgado Mixto nº 2 de Calatayud para personarse en la causa como acusación popular.
El representante legal de esta asociación, Jorge Piedrafita, ha explicado en un comunicado que su primer objetivo es mantener a los investigados en prisión y construir una firme base probatoria en instrucción que permita la máxima condena disuasiva, para tratar de que no se repitan hechos execrables e intolerables en nuestra sociedad.
La causa y los involucrados
A la causa, en la que estará personado el Gobierno aragonés como parte perjudicada al estar el centro de menores concertado con una asociación privada, se ha sumado el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de Aragón.
Este organismo ha incidido en la necesidad de exigir a los trabajadores del sector que acrediten su titulación, después de que se haya conocido en la investigación del caso que los empleados en el centro de la localidad de Ateca carecían de ella.
Además de la titular de El Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, se ha interesado por este caso el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
Las denuncias y las investigaciones siguen en curso para esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades correspondientes.
La situación sigue siendo muy delicada y genera gran preocupación en la sociedad, especialmente entre los familiares de los menores afectados y la comunidad educativa.
Se espera que las investigaciones sigan adelante con celeridad y transparencia para determinar la verdad y aplicar la justicia correspondiente.
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