En un momento clave para la política española, el Congreso Español se prepara para tomar una decisión trascendental este martes. En sesión plenaria, los diputados deberán decidir si obligan a comparecer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a sus ministros para ser interrogados sobre la crisis migratoria que afecta al país. No será la única cuestión sobre la mesa, ya que también se debatirá la comparecencia de Carles Puigdemont, antiguo presidente de la Generalitat de Cataluña, y de los responsables de la política sobre Venezuela. Esta decisión puede tener graves consecuencias políticas y puede generar un gran debate en el seno del Congreso.
La Diputación Permanente del Congreso se reúne para debatir comparecencias de Sánchez, ministros y responsables políticos por crisis migratoria y Venezuela
La decisión se tomará este martes
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados se reunirá este martes para debatir y decidir si llama a comparecer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a algunos de sus ministros para dar explicaciones sobre asuntos como la crisis migratoria, la huida del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o las últimas elecciones en Venezuela.
El órgano de la Cámara Baja puede instar la celebración de sesiones extraordinarias de la Cámara cuando no haya período de sesiones, como sucede en verano o navidades. Está formado por 69 diputados —27 del PP, 25 del PSOE, 6 de Vox, 6 de Sumar, y uno de Junts, ERC, Bildu, PNV y del Grupo Mixto—.
Crisis migratoria y huida de Puigdemont
Entre los asuntos que se debatirán se encuentra la crisis migratoria, sobre la que el Partido Popular pedirá que el presidente del Gobierno informe en un pleno extraordinario sobre las actuaciones del Ejecutivo para afrontar la emergencia española que mantiene saturados los sistemas de acogida de Canarias y Ceuta; y de las medidas para garantizar la necesaria participación de todos los ministerios implicados y del resto de administraciones, de modo que pueda coordinarse una auténtica política de Estado en materia migratoria.
Además, se evaluará la petición de comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los errores detectados en la recién aprobada ley de paridad; y la del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por la posición del Gobierno tras las elecciones en Venezuela.
Elecciones en Venezuela
Sobre las elecciones celebradas en Venezuela el 28 de julio, se pedirá también una comparecencia de Pedro Sánchez para que detalle la postura oficial del Gobierno sobre un posible fraude electoral instigado por Nicolás Maduro. En esa línea, se pedirán igualmente explicaciones sobre la inacción y falta de condena al régimen de Nicolás Maduro y se preguntará por las iniciativas que tiene pensado impulsar el Ejecutivo en la Unión Europea (UE) para garantizar que la voluntad de los venezolanos manifestada en las urnas sea respetada.
La Unión Europea no reconocerá la presidencia de Maduro hasta que no se verifiquen las actas.
Caso ferroviario y financiación para Cataluña
También se pedirá la comparecencia de Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, a raíz del caos ferroviario de este verano en España, como el sucedido en la estación madrileña de Chamartín, donde a principios de agosto se produjeron averías, retrasos, caos, ventanillas rotas para poder respirar, pasajeros atendidos por el calor, para que explique qué medidas había previsto para evitar este tipo de situaciones.
Por otro lado, se someterá a debate el sistema de financiación singular para Cataluña, pactado entre el PSOE y ERC para investir al presidente Salvador Illa. El PP pedirá la comparecencia de María Jesús Montero para que dé cuenta del secesionismo fiscal acordado con los independentistas, fuera del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común.
Error en la ley de paridad
Por último, la Diputación Permanente votará si llama a comparecer a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los errores detectados en la nueva ley de paridad, que, tras entrar en vigor hace una semana, deja desprotegidos frente al despido a aquellos trabajadores que hayan pedido un permiso para cuidar a familiares o se hayan adaptado la jornada para poder conciliar.
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