El Congreso plantea dudas sobre la aprobación de la ley que favorece a los etarras y pedirá el parecer de sus expertos para reconsiderar el voto

El Congreso plantea dudas sobre la aprobación de la ley que favorece a los etarras y pedirá el parecer de sus expertos para reconsiderar el voto

En un giro inesperado, el Congreso de los Diputados ha decidido reconsiderar su voto sobre la polémica ley que favorece a los presos etarras. La decisión surge después de que varios diputados hayan manifestado sus dudas sobre la aprobación de la normativa, que ha generado un gran rechazo en la sociedad. Ante esta situación, el Congreso ha decidido pedir el parecer de sus expertos para evaluar los posibles efectos de la ley y determinar si es necesario revisar su contenido. Esta noticia ha generado un gran interés en el ámbito político y social, ya que la ley en cuestión ha sido objeto de un intenso debate en las últimas semanas.

Congreso plantea dudas sobre aprobación de ley que favorece a etarras

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido un informe a los expertos para reconsiderar el voto sobre la ley que permite a 44 presos etarras conmutar los años que han pasado en prisión en otros países y no comenzar de cero sus condenas en España.

Este lunes, el presidente del Senado, Pedro Rollán, tomó la sorprendente decisión de volver a enviar la norma al Congreso tras ser rechazada por el Senado. Ahora, la Cámara Baja debe decidir qué hacer, si debe obviar al Senado y hacer entrar en vigor la ley automáticamente o si debe convocar una nueva votación en el Congreso para aprobarla definitivamente.

La decisión de Rollán se basa en un informe de los letrados del Senado que permaneció secreto hasta este lunes y que reinterpreta la doctrina del Tribunal Constitucional. El informe argumenta que la sentencia de ese tribunal que sentó jurisprudencia no analiza un conflicto exactamente idéntico al actual, por lo que el Congreso debe elaborar su propia interpretación legal para decidir qué pasos seguir.

Un conflicto político que puede subir de nivel

El conflicto político que ha provocado la reforma legal amenaza con subir de nivel y convertirse en un choque institucional. Si el Congreso decide hacer caso omiso de la resolución del Senado y que la ley entre en vigor sin volver a ser votada, las dos Cámaras del Poder Legislativo chocarían frontalmente, lo que podría tener que ser resuelto por el propio Tribunal Constitucional.

La situación es inhabitual, ya que no suele ocurrir que el pleno de la Cámara Alta rechace una ley a la que, previamente, los grupos que tienen la mayoría en el Senado no han presentado un veto.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es clara: si la mayoría de la Cámara Alta no aprueba un veto, pierde la oportunidad de devolver la norma al Congreso. Y da igual que posteriormente esa misma mayoría vote en contra del conjunto del texto.

El Senado, impotente, no puede bloquear la ley que beneficia a 44 etarras debido a un precedente de 1995. En ese año, el PP sí presentó una propuesta de veto a una ley, que fue rechazada por el Senado. Sin embargo, la Cámara Alta también votó en contra del texto completo de la norma remitido por el Congreso. Ante esta paradoja, el Congreso decidió tirar por la calle de en medio, dar por aprobada definitivamente la ley y publicarla en el BOE sin votarla de nuevo.

El Tribunal Constitucional, en 2002, dio por bueno el proceder del Congreso y estableció que, si el Senado no aprueba un veto o no se presenta ninguno, pierde su oportunidad de bloquear una norma.

En concreto, la sentencia establece que la Constitución solo otorga al Senado dos poderes en el procedimiento legislativo ordinario ante una ley que le llega del Congreso: el de vetarla o el de enmendarla. Y, ante una situación en la que queda rechazado un veto o este no existe, y en el que tampoco se introdujeran enmiendas en el texto del Congreso, no se cumplen los presupuestos constitucionales para la nueva lectura en el Congreso.

Por ende, esa ley de 1995 quedó aprobada correctamente sin ser votada de nuevo por la Cámara Baja. Lo mismo que, según la jurisprudencia, debería ocurrir con la norma que beneficia a los presos etarras.