El Ejecutivo aprueba un plan de apoyo económico de 500 euros para las víctimas de violencia sexual con bajos recursos financieros

El Ejecutivo aprueba un plan de apoyo económico de 500 euros para las víctimas de violencia sexual con bajos recursos financieros

En un paso crucial para garantizar la protección y el apoyo a las víctimas de violencia sexual, el Ejecutivo ha aprobado un plan de apoyo económico destinado a brindar asistencia financiera a aquellos que han sufrido este tipo de agresiones y cuentan con bajos recursos financieros. Esta iniciativa se traducirá en un apoyo económico de 500 euros para cada una de las víctimas que cumplan con los requisitos establecidos. Esta medida tiene como objetivo principal brindar una mayor seguridad y estabilidad a las personas que han sido afectadas por la violencia sexual, permitiéndoles así focalizar sus esfuerzos en la recuperación y la reconstrucción de sus vidas.

El Ejecutivo aprueba ayudas económicas de 500 euros para víctimas de violencia sexual con bajos recursos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto que regulará las nuevas ayudas económicas de unos 500 euros a las víctimas de violencia sexual, según recogía la ley de libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'. El objetivo, según ha subrayado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo, es garantizar la autonomía económica y facilitar la recuperación de las víctimas más vulnerables, en este caso, las que han sufrido agresiones sexuales y tienen bajos ingresos económicos.

Así, el documento reconoce el derecho a que perciban una ayuda económica siempre que se acredite la condición de víctima de violencia sexual e insuficiencia de medios económicos. Concretamente, las ayudas —que irán destinadas tanto a las mujeres como a los niños y niñas víctimas de agresiones sexuales—, exige que los ingresos sean menores que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y su cuantía será equivalente a un subsidio por desempleo (unos 500 euros al mes) de seis meses, prorrogable hasta los 18 meses.

También podrán acceder las víctimas que sean menores de edad, que dependan económicamente de su familiar o que formen parte de una familia numerosa, siempre y cuando la renta familiar no supere tres veces el SMI.

Para que quede acreditada la condición de víctima se necesitará también: una sentencia condenatoria, una orden de protección o alguna medida cautelar en vigor; y sendos informes de la Fiscalía, de los servicios sociales, de los servicios especializados en violencia de género, de los servicios de acogida a víctimas de violencias sexuales, y de una sentencia de la jurisdicción social.

Para las víctimas de trata con fines de explotación sexual, no obstante, solo valdrá con que los servicios públicos que atienden a las víctimas presenten la acreditación. Y, en el caso de los menores de edad, la acreditación se hará con documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial.

Habrá, además, un plazo de cinco años para poder solicitar la ayuda, que se podrá pedir en varias ocasiones a lo largo de la vida, en el caso de que vuelva a sufrir violencia sexual.