El Ejecutivo busca prohibir la compra de prácticas por parte de las universidades para evitar conflictos de intereses en el mercado laboral

El Ejecutivo busca prohibir la compra de prácticas por parte de las universidades para evitar conflictos de intereses en el mercado laboral

En un movimiento que busca fortalecer la transparencia y la integridad en el mercado laboral, el Ejecutivo ha lanzado una iniciativa para prohibir la compra de prácticas por parte de las universidades. Esta práctica, que se ha vuelto común en algunos centros educativos, permite a las instituciones adquirir puestos de trabajo en empresas y organizaciones para luego ofrecerlos a sus estudiantes como oportunidades de práctica. Sin embargo, esta situación puede generar conflictos de intereses y crear un entorno desleal en el mercado laboral, lo que perjudica a otros trabajadores y a la economía en general.

Gobierno busca impedir la compra de prácticas en universidades para evitar conflictos de intereses

El Ejecutivo ha presentado una enmienda en el Congreso de los Diputados para modificar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) con el fin de evitar que las prácticas académicas curriculares se vinculen a contraprestación o donación por parte de las universidades, sean de titularidad pública o privada.

El objetivo es igualar oportunidades de prácticas académicas para todos los estudiantes, evitando que la mayor capacidad económica de determinadas instituciones de educación superior condicione el adecuado ejercicio de esta obligación curricular por parte del estudiantado universitario.

La medida surge ante la presión que las universidades españolas enfrentan para buscar sitios de prácticas en empresas, instituciones o entidades, lo que ha llevado a que muchos alumnos y rectores de universidades públicas soliciten una solución para garantizar el acceso igualitario a las prácticas académicas externas.

La enmienda busca igualar a todos los estudiantes, indistintamente de la universidad en la que estén estudiando, ya que las prácticas formativas son fundamentales para el desarrollo académico de los estudiantes.

El texto acordado por el PSOE y el Grupo Sumar recuerda que existe un precedente inequívoco en el ámbito de la Formación Profesional, ya que la Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores modificó la Ley de la FP.

Con esta propuesta, el Gobierno pretende extender esta medida también al ámbito de la educación universitaria, de forma que las universidades, centros y estructuras autorizadas para impartir enseñanzas universitarias, sean de titularidad pública o privada, puedan establecer los acuerdos que estimen oportunos con las empresas, instituciones, entidades u organismos.

Que aseguren el acceso efectivo de todo el estudiantado universitario a la realización de las prácticas académicas externas en dichas empresas, explica la enmienda. Todo ello, sin que dicho período pueda vincularse a contraprestación o donación por parte de la universidad. Ni directamente ni a través de fundaciones u organizaciones vinculadas con ellos, cuando dichas prácticas académicas externas sean curriculares, es decir, cuando constituyan actividades académicas integrantes del Plan de Estudios de que se trate.

La aprobación de esta enmienda permitirá que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de acceder a las prácticas académicas externas, evitando conflictos de intereses y garantizando el acceso igualitario a estas oportunidades.