En un momento clave para la economía del país, el Ejecutivo ha iniciado una nueva ronda de negociaciones para lograr la aprobación de los Presupuestos, un proceso que se desarrollará bajo la sombra del cumplimiento de los plazos impuestos por la Unión Europea. La compleja tarea de alcanzar un acuerdo entre las partes involucradas se ve aún más dificultada por la necesidad de cumplir con los plazos perentorios establecidos por la UE, que exigen una pronta solución para evitar posibles consecuencias negativas en la economía nacional. En este contexto, la capacidad de diálogo y la búsqueda de consensos serán fundamentales para superar los obstáculos y lograr un acuerdo que satisfaga las necesidades del país.
El Ejecutivo comienza nueva ronda de negociaciones para aprobar Presupuestos y cumplir con la Unión Europea
El Gobierno ha iniciado esta semana una nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios para tratar de recabar los apoyos suficientes con los que aprobar la senda de estabilidad y deuda y empezar a desatascar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2025. El tiempo apremia, puesto que la Comisión Europea ha dado a España un tiempo 'extra' para remitirle el borrador presupuestario con las medidas concretas que aplicará el año que viene y que tienen que completar necesariamente su Plan Fiscal y Estructural.
El comisario de Asuntos Económicos, el socialista italiano Paolo Gentiloni, ya dejó claro que la flexibilidad de la Comisión Europea con los plazos tenía límites. Lo hizo pocos días antes de que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa remitiese su plan de ajuste sin acompañarlo de ese borrador presupuestario.
La falta de apoyos parlamentarios suficientes ha impedido hasta ahora al Ejecutivo avanzar en el trámite para sacar adelante las cuentas del año que viene, por lo que podría darse el caso de que se viera obligado a enviar una propuesta de borrador a Bruselas (con medidas concretas a aplicar el año que viene) sin haber llegado a presentar los Presupuestos aún en el Congreso de los Diputados.
Esto puede suponer un problema añadido para el Gobierno. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya reclamó que hubiera un consenso político sobre las líneas generales del plan de ajuste fiscal estructural. Fuentes financieras consultadas por 'La Información' ponen en duda la credibilidad de un plan estructural a medio plazo que no se ha discutido previamente en el Parlamento, que no ha sido discutido ni consensuado con la oposición y lamentan que la Comisión saliente haya permitido a los Estados, en general, actuar de este modo.
La propuesta española vs. la de la Comisión
La 'hoja de ruta' diseñada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez propone diluir a siete años -de 2025 a 2031, ambos incluidos- el esfuerzo de ajuste necesario para reconducir la deuda y el déficit. Esa consolidación sería de alrededor de 42.000 millones de euros en el periodo citado, el equivalente a cuatro décimas de PIB.
Unos 4.500 millones vendrían de alzas de impuestos que empezarían a aplicarse el próximo año, así como de medidas para hacer el sistema tributario más efectivo y que toman como base de las recomendaciones del 'Libro Blanco' que elaboró el Comité de Expertos en marzo de 2022. El Gobierno cumpliría así con la reforma fiscal que Bruselas le exige, además, para poder acceder al quinto pago de los fondos europeos Next Generation, por valor de 7.000 millones de euros.
Economía ha propuesto que el elemento clave de las nuevas reglas, el gasto computable (que excluye partidas como los intereses de la deuda o las inversiones con cargo a fondos europeos, entre otras) se limite a un aumento al 3,7% en 2025, del 3,5% en 2026, del 3,2% en 2027, del 3% en 2028, del 3% en 2029, del 2,5% en 2030 y del 2,4% en 2031.
Primer intercambio de opiniones con Bruselas
Fuentes próximas al Gobierno aseguran que ya ha habido un primer intercambio de pareceres entre las autoridades españolas y las comunitarias sobre la propuesta que ha remitido el Gobierno, si bien la Comisión no publicará sus dictámenes sobre los planes de los distintos países, en principio, hasta el próximo 30 de noviembre. Antes de esa fecha se entiende que tiene que haber valorado también el borrador presupuestario.
Por lo pronto, ya habría una disparidad de criterio si se toman en cuenta en las cifras enviadas, puesto que las recomendaciones previas de Bruselas para el Plan Fiscal y Estructural de nuestro país rebajaban el tope al incremento anual del gasto neto primario al 2,8% de media de 2025 a 2031, frente al 3% propuesto por el Ejecutivo.
El próximo 30 de octubre la Autoridad Fiscal publicará su tradicional informe sobre los Proyectos y Líneas Fundamentales de los Presupuestos de las Administraciones Públicas. Habrá que ver si en él hay algún pronunciamiento sobre el plan fiscal dado que, a falta de proyecto de cuentas públicas del Estado, es la única información de la que el organismo fiscalizador dispondría hasta la fecha para poder emitir una valoración.
Los planes en el marco de las nuevas reglas fiscales
Los planes fiscales son la piedra angular del nuevo marco de gobernanza económica de la UE, de las conocidas como 'reglas fiscales'. En ellos se establece la trayectoria fiscal de los Estados miembros, así como las inversiones públicas prioritarias y las reformas para cuatro años (ampliables a siete a cambio de reformas estructurales e inversiones).
Estas políticas deben garantizar una reducción sostenida y gradual de la deuda y un crecimiento sostenible e integrador, evitando una política fiscal procíclica, tal y como recalca la Comisión. Los planes también deben incluir reformas e inversiones más amplias, en particular para abordar las prioridades comunes de la Unión Europea (como las transiciones verde y digital o el ámbito estratégico y de Defensa).
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