El Ejecutivo considera convertir la 'bonificación emergencial' por sobrecarga laboral en una medida permanente para los inspectores del trabajo

El Ejecutivo considera convertir la 'bonificación emergencial' por sobrecarga laboral en una medida permanente para los inspectores del trabajo

En un anuncio trascendental para los inspectores del trabajo, el Ejecutivo ha manifestado su intención de convertir la 'bonificación emergencial' por sobrecarga laboral en una medida permanente. Esta decisión tiene como objetivo reconocer y compensar el esfuerzo adicional que han realizado los inspectores del trabajo en los últimos tiempos. La sobrecarga laboral ha sido un tema crítico en el sector, y esta medida busca mejorar las condiciones laborales y motivar a los profesionales que trabajan en este ámbito. La conversión de esta bonificación en una medida permanente sería un gran avance en la política laboral del país.

La vicepresidenta de Trabajo considera hacer estructural la 'bonificación emergencial' para inspectores

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, considera convertir la 'bonificación emergencial' en una medida permanente para los inspectores del trabajo, según fuentes conocedoras.

Esta bonificación fue aprobada en 2022 como una medida puntual para compensar el sobreesfuerzo de los inspectores debido a la carga de trabajo derivada de la reforma laboral. Sin embargo, el retraso en la aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) ha llevado a repetir este pago en 2023 y se espera que se produzca nuevamente en 2024.

La intención del Gobierno es hacerla permanente

La intención del Gobierno es convertir esta prima en permanente, siempre que se alcancen los objetivos ligados a ese año. Esta productividad es adicional a la productividad ordinaria, que también está pendiente de revisar al hilo del acuerdo citado anteriormente para adecuarlo a los objetivos establecidos en el Plan Estratégico, según refleja el BOE.

Los representantes de los trabajadores confían en que se abone antes de que finalice el año, en noviembre o diciembre, puesto que es independiente de la paga extraordinaria de aquellos trabajadores que reciban su nómina en 14 pagas. Existe una resolución de la subsecretaría encargada para avanzar en este sentido.

La bonificación es adicional a la productividad ordinaria

La bonificación es adicional a la productividad ordinaria, que también está pendiente de revisar al hilo del acuerdo citado anteriormente para adecuarlo a los objetivos establecidos en el Plan Estratégico, según refleja el BOE.

El año pasado, este pago se efectuó a través de una nómina extraordinaria en noviembre, con una cuantía que en función del rango profesional de los funcionarios y el personal laboral oscilaba entre los 2.153 y los 1.128 euros. El reparto se realizó de forma idéntica al año anterior, aunque se incorporó un incremento del 2,5% como una nueva compensación al retraso en la aplicación de la RPT.

No hay avances en el refuerzo de la Inspección

El departamento de Función Pública, encabezado por José Luis Escrivá hasta septiembre, tenía previsto convocar a los sindicatos tras el verano para informar de la situación de la citada RPT. Sin embargo, este movimiento no se ha producido desde su salida, por lo que los representantes de los trabajadores siguen a la espera de conocer cuándo se aplicarán los refuerzos pactados hace tres años.

En el momento de la firma, la plantilla estaba integrada por 3.000 empleados, unos medios que denuncian que son insuficientes para asumir la carga de trabajo derivada de toda la normativa laboral aprobada en este período.

Los sindicatos han sido críticos con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a la que desde el departamento de Trabajo se ha señalado como responsable de frenar estas incorporaciones, así como con la líder de Sumar, para la que creen que ha dejado de ser una cuestión prioritaria.