El Ejecutivo convocará una cita con los representantes de los sindicatos de la Inspección de Trabajo para superar el impasse de un año después

El Ejecutivo convocará una cita con los representantes de los sindicatos de la Inspección de Trabajo para superar el impasse de un año después

En un intento por superar el punto muerto que ha caracterizado las negociaciones durante más de un año, el Ejecutivo ha decidido convocar una reunión con los representantes de los sindicatos de la Inspección de Trabajo. Esta cita tiene como objetivo buscar una solución consensuada para los conflictos que han llevado a una paralización en la actividadinspectora. La inspección de trabajo es un organismo clave en la protección de los derechos de los trabajadores y la seguridad laboral, por lo que es fundamental encontrar una salida a este impasse que ha generado inquietud entre la sociedad.

Ejecutivo convocará reunión con sindicatos de la Inspección de Trabajo para superar impasse

Después de tres años de espera, los sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) se reunirán con el Ministerio de Trabajo este miércoles para abordar el conflicto laboral que ha permanecido congelado desde las elecciones de julio pasado.

Un acuerdo pendiente desde 2021, los sindicatos más representativos cerraron un acuerdo con el Gobierno para reestructurar la plantilla, incorporar personal y mejorar las condiciones laborales del personal a través de una relación de puestos de trabajo (RTP). Sin embargo, este acuerdo sigue sin materializarse y los representantes de los trabajadores denuncian que no han tenido noticias por parte del Ejecutivo desde las elecciones.

El conflicto laboral en la ITSS tiene un largo historial. En julio de 2021, el departamento que dirige Yolanda Díaz cerró un acuerdo con los sindicatos, pero desde entonces, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, tutelado por María Jesús Montero, ha asumido un papel de mediador entre los representantes de los trabajadores y el Ejecutivo.

Según fuentes de la negociación, el Ministerio de Hacienda optó por presentar una nueva propuesta a los sindicatos que, según su criterio, mejoraba lo cerrado con Trabajo, pero no convenció a los representantes de los trabajadores. En lugar de llevar el texto a la Comisión Interterritorial de Retribuciones, se optó por mantener la situación de impasse.

El conflicto se agravó en la primavera de 2023, lo que llevó a paros parciales y movilizaciones puntuales frente a la sede de Función Pública. Sin embargo, la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio detuvo la huelga indefinida que se había convocado.

A pesar de que se atendieron las demandas en Seguridad Social y Justicia, no fue el caso de la ITSS, por lo que se desconvocó el paro.

Tras la reconfiguración ministerial, la vicepresidenta primera, Yolanda Díaz, mantuvo el control de Hacienda, mientras que el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, asumió las competencias de Función Pública. Esto ha complicado aún más la marcha de las conversaciones.

La reunión de esta semana será clave para abordar en qué punto se encuentra este compromiso y en qué medida el Gobierno va a pelear esta materia.

Una obligación pendiente desde 2018, la obligación de desarrollar esta RTP se remonta al año 2018, cuando se aprobaron los estatutos del Organismo Autónomo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Los sindicatos más representativos, como CCOO, UGT, CSIF, CIG y ELA, han sido críticos con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo por consentir que el problema se haya extendido durante tanto tiempo.

La ITSS ha sido clave para la puesta en marcha de la 'ley rider' y la afloración de falsos autónomos, el control del uso de los contratos fijos discontinuos y en el control del registro de jornada en las empresas.

Los representantes de los trabajadores denuncian que España está lejos de cumplir con las recomendaciones europeas, que sitúan el umbral en un inspector o subsinspector por cada 10.000 trabajadores, mientras que el país se situaría en uno por cada 15.000.

Este era uno de los puntos claves del pacto de 2021, en el que el Gobierno se comprometía a considerar a la ITSS como servicios esenciales en las ofertas de empleo público de 2021, 2022 y 2023 para recoger unas tasas de reposición que pudieran reforzar el servicio.