El Ejecutivo desecha las críticas de UGT y mantiene su postura de no obligar a los trabajadores a pagar más por las horas extra

El Ejecutivo desecha las críticas de UGT y mantiene su postura de no obligar a los trabajadores a pagar más por las horas extra

En un comunicado oficial, el Ejecutivo ha manifestado su decisión de no obligar a los trabajadores a pagar más por las horas extra, desechando así las críticas emitidas por el sindicato UGT. Esta postura se mantiene pese a la presión ejercida por la organización sindical, que consideraba necesario un aumento en la remuneración de las horas adicionales trabajadas. El gobierno ha argumentado que esta medida no es necesaria, ya que los trabajadores ya reciben una compensación justa por su trabajo. Esta decisión ha generado un debate en el ámbito laboral, con algunos sectores celebrando la medida y otros criticándola por considerarla insuficiente.

La Vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, Desestima Críticas de UGT y Mantiene su Postura sobre Horas Extra

El Gobierno ha respondido a la reclamación colectiva presentada por UGT en enero, en la que denunciaba que España incumplía la Carta Social Europea por no obligar a pagar las horas extraordinarias en un porcentaje adicional a la jornada ordinaria.

La Abogacía del Estado ha elaborado un documento de 17 páginas en el que defiende el modelo actual del Estatuto de los Trabajadores, que relega esta materia a los convenios colectivos. El sindicato encabezado por Pepe Álvarez argumentaba que la normativa española no estaba en consonancia con el artículo 4.2 de la Carta Social Europea, que hace referencia al derecho de los trabajadores a un incremento de remuneración para las horas extraordinarias, salvo en determinados casos particulares.

La Estadística como Argumento

El Gobierno recurre a la estadística para señalar que el 60,68% de los convenios colectivos contienen cláusulas específicas por las que se fija una remuneración adicional por el tiempo de trabajo extraordinario, y en otro 20% se complementa con periodos de descanso remunerado.

Sin embargo, reconoce la dificultad de saber el número de casos en los que no se da este pago adicional por los cambios constantes en la negociación colectiva. Además, expone que hay dudas razonables sobre si incrementar el coste de las horas extra es la medida adecuada, ya que podría operar como incentivo negativo.

El Estatuto de los Trabajadores

El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores es el que hace referencia a la negociación colectiva como espacio para abordar esta materia y el que obliga a que las horas extraordinarias sean remuneradas al menos igual a las horas ordinarias.

La misma norma también recoge la posibilidad de que este tiempo de trabajo se compense con descansos remunerados en un plazo máximo de cuatro meses. Según el criterio del Gobierno, esta es la fórmula por la que se decanta la normativa española para conseguir que estas terminen por reducirse a cero y evitar que comprometan la reducción de la tasa de desempleo, que es especialmente alta en España.

La Registro de Horas de Trabajo

El sindicato también cuestionaba el registro de las horas de trabajo y en concreto, de las que excedían la jornada habitual, al entender que la ley introducida en 2019 no ha conseguido que se registren de forma certera.

En el escrito, el Gobierno recuerda que este tema está siendo negociado con este sindicato, con CCOO, CEOE y Cepyme en la mesa para reducir la jornada laboral y defiende que las medidas llevadas a cabo en los últimos años han conseguido reducir el número de horas extra no remuneradas, de acuerdo con los datos recogidos por la Encuesta de Población Activa.

Valoración de la Reclamación

La Abogacía del Estado emplea esta misma fuente para desestimar el segundo incumplimiento señalado por UGT, que hace referencia a una supuesta brecha de género en el pago de horas extra que contravendría el artículo E de la Carta Social Europea.

La Unión General de Trabajadores hacía uso de los datos de 2020 y 2021 en las que solo se habían remunerado el 43% y el 45% de las horas extraordinarias prestadas por las mujeres, mientras que en 2022 este porcentaje ascendió al 51,3% lo que el Gobierno entiende que prueba la efectividad de las medidas llevadas a cabo por España.

Fuentes de UGT trasladan que harán una valoración de esta reclamación en las próximas semanas, al retomar el curso político. Ahora el sindicato tiene que responder a estas alegaciones y después, el Gobierno tendrá la oportunidad de emitir una nueva respuesta, tras la que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) deberá tomar una decisión de fondo.