El Ejecutivo intenta impulsar las deducciones por gasto energético antes de que termine el año fiscal

El Ejecutivo intenta impulsar las deducciones por gasto energético antes de que termine el año fiscal

En un esfuerzo por estimular la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental, el Ejecutivo ha lanzado una iniciativa para promover las deducciones por gasto energético antes de que finalice el año fiscal. Esta medida busca fomentar la inversión en tecnologías verdes y reducir los costos energéticos para las empresas y particulares que opten por soluciones sostenibles. Según fuentes cercanas al gobierno, se espera que esta iniciativa genere un aumento significativo en la adopción de prácticas ecoamigables y contribuya a alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

El Ejecutivo intenta impulsar deducciones por gasto energético antes de final de año fiscal

El Gobierno tiene la intención de aprobar antes de final de año las deducciones con las que prometió aliviar el impacto del impuesto extraordinario, según confirman fuentes gubernamentales a La Información Económica.

El objetivo es cumplir con las modificaciones anunciadas para el gravamen, que también afecta a la banca, y se exploran pactos con los grupos para reformularlo. Según se incluyó en el pacto entre el PSOE y Sumar para alcanzar la investidura de Pedro Sánchez y se recoge en el plan fiscal estructural que el Gobierno ha remitido a Bruselas.

Una norma con rango de ley o los Presupuestos Generales del Estado

El Ejecutivo podría aprobar las deducciones a través de una norma con rango de ley siempre que cuente con los apoyos parlamentarios suficientes para aprobarla, o mediante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), algo que resulta más difícil ante la incertidumbre que rodea las cuentas públicas con el actual bloqueo por el veto de Junts a varias leyes clave, incluida la senda de déficit.

Fuentes jurídicas consultadas por este medio recalcan que una manera que podría emplearse para poner en marcha las deducciones sería a través de una enmienda a cualquier norma con rango de ley que esté en tramitación. De este modo, el Gobierno podría usar la misma fórmula con la que intenta modificar la Ley del Impuesto sobre Sociedades: a través de una enmienda al Proyecto de Ley que tiene origen en el RDL 8/2023.

Inversiones deducibles

La disposición adicional quinta del RDL 8/2023 recoge que el supuesto incentivo resultaría de aplicación en el sector energético para las inversiones estratégicas realizadas desde 1 de enero de 2024. También que se concertaría o conveniaría con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.

Las inversiones en que se consideren como estratégicas serán deducibles de la base sobre la que liquida el tributo. El PNV ya propuso algo parecido en su enmienda al impuesto y que fue rechazado por el PSOE en su momento.

El tributo energético

El tributo energético grava el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías energéticas que facturasen más de 1.000 millones en 2019 y a finales del año pasado se prorrogó por otro ejercicio más sin introducir cambios. El graven no afecta a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.

La tasa extraordinaria fue aprobada a finales de 2022 por una vigencia de dos años para incrementar la contribución fiscal del sector en un momento en el que, según el Gobierno, los precios altos de la electricidad y el gas generaron unos beneficios extraordinarios que las empresas niegan.

Ante la presión pública y los recursos que presentaron (Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa y Naturgy, entre otras) en la Audiencia Nacional para intentar tumbarlo, el Gobierno abrió una solución con 'rebajas' en la cuota íntegra por inversiones en proyectos estratégicos. El sector confía en que la justicia, que rechazó la suspensión cautelar, le dé la razón.

Recaudación en 2024

Los gravámenes a las empresas energéticas y las entidades de crédito han alcanzado una recaudación de 2.859 millones de euros en 2024 (1.164 y 1.695 millones, respectivamente), cifra muy similar a los 2.908 millones de euros del año anterior, según datos del Ministerio de Hacienda.

Según la cartera que dirige María Jesús Montero, estos gravámenes, que tienen un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre, siguen las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios. En ambos casos, el pago conocido del ejercicio 2024 se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023.