- El ex-presidente Puigdemont lanza un nuevo desafío a la justicia: denuncia al CGPJ después de 7 años de batallas judiciales
- Puigdemont lanza un nuevo desafío a la justicia: denuncia al CGPJ por 'desatención y retraso' en la tramitación de recursos
- La persecución judicial
- Ley de amnistía
- Desatención y retraso
- Sedición y malversación
- Órdenes de detención
El ex-presidente Puigdemont lanza un nuevo desafío a la justicia: denuncia al CGPJ después de 7 años de batallas judiciales
En un nuevo giro inesperado, el ex-presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha decidido denunciar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de 7 años de intensas batallas judiciales. Esta decisión marca un nuevo capítulo en la lucha del líder independentista contra la justicia española, que ha llevado a cabo una serie de acciones legales contra él y otros líderes independentistas catalanes. La denuncia de Puigdemont contra el CGPJ supone un desafío directo a la institución y genera expectación sobre las consecuencias que esto tendrá en el futuro político y judicial del país.
Puigdemont lanza un nuevo desafío a la justicia: denuncia al CGPJ por 'desatención y retraso' en la tramitación de recursos
El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha presentado una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por la desatención y retraso injustificado y reiterado en la tramitación de los recursos interpuestos vinculados a la ley de amnistía.
Esta denuncia es el último capítulo en la larga lista de desencuentros entre el político y el magistrado, que ha estado a cargo de la instrucción del proceso abierto a raíz de la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
La persecución judicial
Puigdemont ha acusado a Llarena en varias ocasiones de ejercer una persecución judicial contra él. El juez llamó a sentarse en el banquillo al expresidente en 2017, tras la convocatoria de un referéndum ilegal de autodeterminación en Cataluña (1-O), acusado de presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.
El líder de Junts se fugó de la justicia española y, desde entonces, ha habido una serie de episodios que han llevado a la situación actual.
Ley de amnistía
Con el objetivo de volver a España esquivando a los tribunales, Carles Puigdemont acordó con el Gobierno de Pedro Sánchez la aprobación de una ley de amnistía a los encausados por el procés independentista a cambio de un apoyo parlamentario requerido tras las elecciones del 23 de julio de 2023.
Una vez se pactó la redacción del texto y se dio luz verde en el Congreso de los Diputados, comenzó su aplicación a los condenados. Sin embargo, el juez Pablo Llarena rechazó perdonar la malversación a Carles Puigdemont, argumentando que hubo beneficio personal en la celebración del referéndum de autodeterminación, y acordó mantener vigente la orden de detención contra él.
Desatención y retraso
La defensa de Puigdemont interpuso varios recursos de reforma, cuya desatención y retraso injustificado y reiterado en la tramitación han llevado a denunciar al magistrado.
El abogado del fugado, Gonzalo Boye, ha presentado esta denuncia ante el CGPJ, acusando a Llarena de persecución judicial y de desatención y retraso injustificado y reiterado en la tramitación de los recursos.
Sedición y malversación
En enero de 2023, el Gobierno y ERC impulsaron una reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición. Esta modificación legislativa llevó a Pablo Llarena a levantar la condena a Puigdemont por el primero de los delitos, que dejaba de existir.
La misma reforma del Código Penal del Gobierno incluía la rebaja del delito de malversación, por el que el expresidente sigue condenado al no entrar en la amnistía.
Órdenes de detención
Tras su fuga a Bélgica en 2017, la jueza Carmen Lamela cursó una Orden de Detención Europea (ODE) contra Puigdemont y los cuatro consejeros de su gobierno que no habían acudido a la citación judicial por encontrarse en Bélgica.
El magistrado Llarena levantó dicha obligación porque si los delitos no constituían un delito en el país belga, los tribunales españoles no podrían procesarlos por los mismos, y existían dudas sobre el encaje de la rebelión y la sedición en el ordenamiento belga.
La lista de reveses de un lado y de otro no ha dejado de agrandarse desde que Llarena tomó el mando de la causa del procés independentista. Desde entonces, Puigdemont ha acusado en numerosas ocasiones al juez de cometer 'lawfare' (politizar la justicia) y dudando abiertamente de su imparcialidad.
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