El Gobierno amenaza con congelar ayudas para transporte público en 2025 a ciudades que no implementen zonas de bajas emisiones

El Gobierno amenaza con congelar ayudas para transporte público en 2025 a ciudades que no implementen zonas de bajas emisiones

En un intento por impulsar la transición ecológica y reducir los niveles de contaminación en las ciudades, el Gobierno ha lanzado una advertencia a los municipios que no han implementado zonas de bajas emisiones en sus áreas urbanas. A partir de 2025, las ciudades que no cumplan con esta medida podrían enfrentar la congelación de ayudas para el transporte público, lo que podría afectar significativamente la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. Esta medida busca fomentar la adopción de políticas más sostenibles y reducir el impacto ambiental de la circulación de vehículos en las ciudades.

Gobierno amenaza con congelar ayudas para transporte público en ciudades sin zonas de bajas emisiones

Las ciudades con más de 50.000 habitantes que no tengan en funcionamiento zonas de bajas emisiones (ZBE) en 2025 no recibirán ayuda para el transporte público colectivo el año que viene. Esta medida es una de las penalizaciones que el Ministerio de Transportes ha anunciado para los ayuntamientos que no delimiten zonas con tráfico restringido.

Según fuentes del Ministerio de Transportes, las ayudas que se reparten entre las ciudades para financiar el transporte público colectivo ya incluyen como requisito la obligación de tener un Plan de Movilidad Sostenible. A partir del próximo año, se añadirá la obligación de implantar zonas de bajas emisiones en las alrededor de 150 ciudades que están obligadas a ello por la Ley de Cambio Climático.

Consecuencias para las ciudades sin ZBE

En 2023, el Gobierno repartió 884 millones de euros para financiar el transporte público local, y en 2024, 784 millones. Estos fondos han servido, por ejemplo, para financiar los descuentos del 50% en el precio del transporte público para viajeros frecuentes y la gratuidad de transporte en Canarias y Baleares.

La cantidad de 2025, que no recibirán las ciudades sin ZBE, todavía no está determinada, ya que dependerá de los Presupuestos Generales del Estado que siguen en el aire. De hecho, hace unos días, el ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló que España se puede permitir seguir el año que viene con unos presupuestos prorrogados, como este, si la situación política sigue sin permitir al Gobierno conformar una mayoría parlamentaria para aprobarlos.

Penalizaciones para los ayuntamientos que no cumplen con la norma es un paso más por parte del Gobierno para hacer cumplir parte de la Ley de Cambio Climático, sobre la que la mayoría de los alcaldes han estado arrastrando los pies para no aplicarla y delimitar zonas con restricciones de tráfico.

El pasado 30 de junio terminó el plazo de 18 meses que en diciembre de 2022 el Ministerio de Transición Ecológica dio a las 149 ciudades obligadas para poner en funcionamiento las ZBE. De momento, solo hay una veintena que cumple, mientras que Madrid acaba de empezar a multar por infringir sus ZBE, y otros municipios siguen sin crearlas, sin terminarlas o sin multar por no respetarlas.

Identificando zonas de bajas emisiones fake

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció hace meses que habría penalizaciones para las ciudades que no cumplen con la norma, como esta de no asignarles fondos para transporte público, y estudia con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cómo identificar y hacer recuento de lo que el secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández Heredia, ha llamado zonas de bajas emisiones fake, porque existen pero no se aplican.

Vamos a ser muy exigentes con las zonas de bajas emisiones 'fake' para hacer cumplir las normas de los fondos, afirma Álvaro Fernández Heredia.

También desde hace meses, los ministerios de Transición Ecológica y de Transportes han venido advirtiendo de que los casi dos centenares de municipios entre los que se han repartido 1.500 millones en subvenciones de fondos europeos, no ya solo para ZBE, sino también para crear carriles bici o peatonalizar calles, tendrán de devolver las cantidades si no ejecutan las obras en plazo.

En muchos casos, el plazo termina a final de año y Puente ya se plantea que parte de esos fondos destinados a movilidad sostenible no se emplearán en los fines acordados y será necesario reemplearlos para no tener que devolverlos a Bruselas, tal y como dice el reglamento de las ayudas del Fondo Next Generation.