En un inúnico y contundente paso, el Gobierno central ha decidido iniciar un expediente administrativo contra el Ayuntamiento de Madrid por la ocupación del cauce fluvial en la reconstrucción de los puentes de Aldea del Fresno. Esta medida surge tras la detección de irregularidades en el proceso de reconstrucción de dichos puentes, que han generado graves consecuencias medioambientales en el área. La injerencia en el cauce fluvial ha provocado la alteración del ecosistema natural y ha puesto en riesgo la seguridad de la zona. Con este paso, el Gobierno central busca proteger el medio ambiente y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
El Gobierno central sanciona a la Comunidad de Madrid por la ocupación del cauce fluvial en Aldea del Fresno
La Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ha comunicado a la Comunidad de Madrid la apertura de un procedimiento sancionador por la ocupación de un cauce del municipio de Aldea del Fresno durante la reconstrucción de uno de los puentes arrastrados por las lluvias torrenciales de septiembre de 2023.
El organismo de cuenca sostiene que la ocupación del lecho del arroyo Grande se realizó sin la preceptiva autorización, por lo que propone que el Gobierno autonómico abone 4.500 euros por haber cometido una infracción leve.
La Comunidad de Madrid se opone a la sanción
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica citadas por Europa Press han trasladado que este expediente se enmarca en un proceso normal cuando se trata de obras de emergencia. Sin embargo, el expediente sancionador ha sentado muy mal en el Ejecutivo autonómico.
Desde la Puerta del Sol se sostiene que hubo un acuerdo entre las distintas Administraciones públicas involucradas para empezar con celeridad los trabajos de rehabilitación de los puentes que colapsaron, dado que las comunicaciones por carretera de la localidad habían quedado seriamente perjudicadas al perder todos los pasos elevados que la conectaban con los pueblos de alrededor.
Esgrimen que no se podía esperar a la tramitación administrativa que irremediablemente demoraría la intervención, de ahí que se alcanzara ese acuerdo para iniciar la obra cuanto antes con el compromiso de ir rindiendo cuentas de forma periódica de los pasos que se iban dando en la reconstrucción.
La Comunidad de Madrid denuncia la intención del Gobierno central
Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid dimos una respuesta ágil y eficiente ante los destrozos provocados por las fuertes lluvias, ha señalado este miércoles Miguel Ángel García Martín, consejero madrileño de Presidencia, que ha afeado la intención del Gobierno central de sancionar a la Comunidad cuando aún no le ha transferido los fondos derivados de la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.
Hemos invertido 60 millones de euros en actuaciones para recuperar la normalidad de los 10 pueblos afectados, ha remarcado el portavoz del Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso. De esa cantidad, hasta un máximo del 50% podría ser sufragado por el Estado, tras la declaración de la emergencia.
Si fuera por el Gobierno de Sánchez y por la Delegación del Gobierno en Madrid, los pueblos de la zona suroeste de la región aún estarían aislados, ha criticado García Martín.
La Comunidad de Madrid recurrirá la propuesta de sanción
El consejero madrileño ha avanzado que la voluntad de la Comunidad de Madrid es recurrir la propuesta de sanción, que más que por el importe ha molestado por el contexto en el que ha sido emitida. Los servicios jurídicos del Gobierno regional ya están trabajando para alegar en la vía administrativa y están dispuestos a acudir a los tribunales si no consiguen revertir la multa en la primera instancia.
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