El gobierno hace verdades equilibrios para evitar que los acuerdos con el PP condicionen las negociaciones con sus aliados

El gobierno hace verdados equilibrios para evitar que los acuerdos con el PP condicionen las negociaciones con sus aliados

En un delicado juego de equilibrios, el gobierno se esfuerza por encontrar un punto de encuentro que permita conciliar sus compromisos con el Partido Popular (PP) sin que éstos condicionen las negociaciones con sus aliados políticos. La actual situación política exige una finura política sin precedentes, ya que cualquier desliz podría generar tensiones con los partidos que apoyan al gobierno. En este sentido, se trabaja para establecer líneas rojas claras que garanticen la estabilidad del ejecutivo y permitan avanzar en las reformas pendientes.

Gobierno hace equilibrios para evitar que acuerdos con el PP condicionen negociaciones con aliados

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, ha intervenido en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde se ha destacado la compleja agenda negociadora del Ejecutivo.

El pasado martes, el PP y el PSOE firmaron un acuerdo histórico para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que llevaba más de cinco años y medio con el mandato caducado. Sin embargo, los socialistas son conscientes de que los acuerdos con el PP restan influencia a sus socios parlamentarios de Podemos, ERC, Junts, PNV o EH Bildu.

Moncloa busca fincar acuerdos con PP sin menoscabo de influencia en Congreso

Fuentes del Gobierno admiten que los pactos con el PP generan críticas entre sus socios parlamentarios, quienes acusan a los socialistas de confirmar una gran coalición PP-PSOE. Sin embargo, el PSOE descarta que esto se vaya a hacer costumbre y asegura que el pacto para renovar el CGPJ ha sido algo puntual.

El objetivo del Gobierno es buscar espacios de entendimiento con los populares respecto a otros nombramientos, como el gobernador y subgobernador del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y la cúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Socialistas intentan equilibrar pactos con PP y presiones de sus socios parlamentarios

La semana pasada estuvo marcada por la negociación y posterior acuerdo de renovación del Poder Judicial, lo que silenció el resto de frentes abiertos que el Gobierno de Sánchez tiene con ERC y Junts. Sin embargo, los guiños a ambos partidos también fueron evidentes.

El Gobierno comenzó las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y puso en marcha la mesa bilateral con ERC para el perdón de la deuda catalana. En el caso de Junts, aprobaron dos medidas a las que se comprometieron en enero: la eliminación del IVA al aceite de oliva y la derogación de un artículo que para los de Carles Puigdemont ponía en peligro la ley de amnistía.

El Gobierno debe encajar un abanico de frentes abiertos con unos y otros. Con el PP quiere negociar los nombramientos pendientes, mientras que con ERC está pactando por varias vías de forma diferenciada. En primer lugar, el PSC intenta lograr el apoyo de los republicanos para investir al presidente catalán, Salvador Illa.

El Gobierno puso sobre la mesa una financiación singular para Cataluña con el fin de atraer a sus socios catalanes, que le piden subir el precio hasta la soberanía fiscal. La quita de la deuda catalana de unos 15.000 millones de euros es otro de los frentes abiertos que tiene el Gobierno para persuadir a los republicanos.

Las cuentas son otra baza que los socialistas están utilizando para calmar las aguas con sus socios, asegurando que serán más expansivos por lo que habrá más transferencias para Cataluña. La idea es pactar y alcanzar acuerdos, al margen de otros debates políticos, sostienen desde Moncloa para diferenciar las conversaciones.

En el caso de Junts, el Gobierno ha sido más tímido a la hora de dar publicidad a sus gestos con los de Carles Puigdemont, sin embargo, en la misma semana en la que se ha aprobado la renovación del CGPJ, Moncloa ha hecho efectivos dos compromisos que había adquirido hace medio año.

Por un lado, aprobó un nuevo decreto para hacer frente a las consecuencias de las subidas de precios en el que queda reflejada la prometida rebaja del IVA del aceite de oliva al 0%. También ha cumplido con la derogación de un artículo que para los de Carles Puigdemont ponía en peligro la aplicación de la ley de amnistía.

Todo ello, sumado al pacto del PSC con los grupos independentistas y los comunes para reformar el reglamento del Parlament para permitir que Carles Puigdemont pueda votar de forma delegada.