El Gobierno prohibirá la cría de perros potencialmente peligrosos que no superen una prueba de aptitud al año

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El Gobierno prohibirá la cría de perros potencialmente peligrosos que no superen una prueba de aptitud al año

En un esfuerzo por garantizar la seguridad ciudadana y prevenir incidentes graves, el Gobierno ha decidido implementar una medida drástica en cuanto a la cría de perros considerados potencialmente peligrosos. A partir de ahora, se prohibirá la reproducción de aquellos ejemplares que no logren superar una prueba de aptitud anual, con el fin de evaluar su comportamiento y agresividad. Esta iniciativa busca minimizar el riesgo de ataques a personas y animales, y establecer un estándar de responsabilidad entre los criadores y propietarios de estos animales. La medida será aplicada a partir del próximo año y se espera que tenga un impacto significativo en la reducción de incidentes relacionados con perros agresivos.

Perros potencialmente peligrosos podrán dejar de tener esa consideración si superan una prueba de aptitud

Un borrador de real decreto desarrollará 25 artículos de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de marzo de 2023. Entre las propuestas recogidas en este documento, destaca la modificación de la normativa vigente para los perros considerados potencialmente peligrosos.

Según el texto, redactado por la Dirección General de Derechos de los Animales, enmarcada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, los perros de alguna raza considerada potencialmente peligrosa podrán dejar de tener esa consideración si superan una prueba de aptitud a los 12 meses de edad.

La prueba de aptitud como clave para dejar de ser potencialmente peligroso

La prueba de aptitud como clave para dejar de ser potencialmente peligroso

Esta prueba será realizada por profesionales del comportamiento animal y deberán ser inscritas en el registro de identificación del perro para que quede constancia. En caso de no superar la prueba, los perros se considerarían potencialmente peligrosos y se prohibirá su reproducción.

Además, solo podrán reproducirse los perros inscritos como reproductores en el momento de su identificación, algo que también aplicaría para los gatos.

Otras propuestas para luchar contra el abandono y el maltrato animal

Entre las medidas para luchar contra el abandono y el maltrato animal, se propone introducir un protocolo excepcional para los casos en los que se produzca la reproducción accidental de uno de esos perros.

En este sentido, los cachorros deben quedar inscritos previa autorización excepcional del ayuntamiento en el que resida el titular, con la limitación de que esta autorización pueda repetirse en los tres años siguientes.

Restringir la cría irregular de perros y gatos

La norma también introduce las figuras de los criadores convencionales, especializados y puntuales, con el fin de diferenciar esta actividad en función de su intensidad y del número de animales que se manejan.

Además, se propone registros de forma centralizada para criadores, núcleos zoológicos y entidades de protección animal, y que todas estas figuras sean gestionadas por las comunidades autónomas con el objetivo de luchar contra el intrusismo profesional.

El Sistema Central de Registros para la Protección Animal

Con este propósito, se crearía el Sistema Central de Registros para la Protección Animal, para coordinar la información de los registros autonómicos y asegurar su interoperabilidad para la elaboración de la Estadística de Protección Animal.

El Sistema Central de Registros incluirá a animales de compañía, entidades de protección animal, profesionales de comportamiento animal, núcleos zoológicos y criadores oficiales de animales de compañía.

La Dirección General de Derechos de los Animales redactó el borrador con aportaciones y mejoras de entidades protectoras de los animales, asociaciones del sector veterinario y profesionales de la cría de animales de compañía. El texto será expuesto el próximo 17 de julio en una reunión técnica con los gobiernos autonómicos, que podrán presentar cambios al texto hasta el 31 de agosto.

Jorge Gutiérrez

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