En un importante paso hacia la inclusión laboral y la igualdad de oportunidades, el Gobierno ha anunciado una reforma integral de la Ley de Discapacidad. Esta nueva legislación otorga a los empleados con discapacidad el derecho a decidir si se quedan o no en su puesto de trabajo, siempre y cuando la empresa no pueda adaptar el entorno laboral para satisfacer sus necesidades. Además, las empresas estarán obligadas a adaptar los puestos de trabajo para permitir la accesibilidad y la igualdad de condiciones para todos los empleados. Esta medida busca fomentar la integración laboral de personas con discapacidad y combatir la discriminación en el ámbito laboral.
Reforma Laboral: Empresas Obligadas a Adaptar Puestos para Trabajadores con Discapacidad
El Gobierno ha aprobado un proyecto de ley que modifica el artículo 49.1 e) del Estatuto de los Trabajadores, prohibiendo el despido automático de trabajadores que sufran una incapacidad permanente sobrevenida.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado esta medida durante el Consejo de Ministros, que busca proteger los derechos de los trabajadores con discapacidad y garantizar su continuidad laboral.
Fin al Despido Automático
La nueva norma establece que el empleado afectado podrá decidir si mantiene su puesto de trabajo. Si así lo quiere, el trabajador podrá exigir a la empresa que adapte el puesto a su nueva situación o solicitar un cambio a otra posición que esté vacante, disponible y que sea acorde a su perfil profesional y compatible con su incapacidad.
Las empresas seguirán pudiendo extinguir el contrato del trabajador, pero solo si se dan los elementos necesarios para ello. Nunca de forma automática. La norma aprobada establece también los criterios para determinar si los costes de adaptación del puesto son excesivos para la empresa.
Criterios para la Adaptación del Puesto
Para determinar si el coste de adaptación del puesto es razonable para la empresa, se tendrá en cuenta si la empresa puede optar a ayudas públicas para el proceso. El sueldo medio, el tamaño y el volumen de la empresa serán las tres variables que se mirarán para determinar si el coste no es razonable para la firma en cuestión.
Plazos para la Adaptación
El trabajador dispone de un mes desde que se le reconozca la incapacidad permanente para decidir si quiere mantener su puesto o renunciar a él. A partir de ese momento, su empleador tiene un plazo máximo de tres meses para adaptar el puesto a sus necesidades o ejecutar el cambio.
En el proceso de adaptación colaborarán los servicios de prevención de riesgos laborales de la empresa —que podrán formar al trabajador afectado— y la representación legal de los trabajadores. Mientras se dirime su situación, la persona incapacitada podrá cobrar el subsidio de incapacidad temporal para evitar que se produzca un vacío de cobertura.
Esta reforma laboral busca garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los trabajadores con discapacidad, y es un paso importante hacia una sociedad más inclusiva y justa.
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