Tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, el Govern ha anunciado su compromiso total para cumplir con la obligación de ofrecer alquiler social a los afectados antes de proceder a cualquier desahucio. Esta medida busca proteger a los ciudadanos más vulnerables y evitar situaciones de emergencia habitacional. Con esta decisión, el Govern busca garantizar el acceso a una vivienda digna para todos, tal y como establece la Constitución. Esta compromiso es un paso importante hacia la protección de los derechos de los ciudadanos y hacia la búsqueda de soluciones para la crisis habitacional que azota al país.
El govern ha reiterado su compromiso con la obligación de los grandes tenedores de ofrecer alquiler social a las familias vulnerables antes de interponer demandas judiciales o de desahucio. Esta afirmación se produce un día después de que el Tribunal Constitucional (TC) tumbara parcialmente la ley catalana de vivienda de 2022.
En una atención a los medios desde Tarragona, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha reafirmado la importancia de la figura del alquiler social, que ha beneficiado a más de 3.000 familias desde la aprobación de la ley.
En el fondo y en la naturaleza de la regulación estamos absolutamente comprometidos, pero tenemos que buscar la manera más blindada y segura jurídicamente, ha dicho la consellera.
Además, Paneque ha destacado que el aval del TC a la cesión obligatoria de viviendas vacías más de dos años permitirá desarrollar una nueva regulación con más seguridad jurídica.
Inversión de 4.400 millones de euros para construir 50.000 viviendas públicas
Por otro lado, la consellera ha anunciado la inversión de 4.400 millones de euros para construir 50.000 viviendas públicas. Esta medida busca garantizar el acceso a la vivienda para las familias más vulnerables.
El Govern ha reiterado su compromiso con la protección de las familias vulnerables y con la regulación del mercado inmobiliario. La figura del alquiler social es considerada clave para garantizar el acceso a la vivienda para aquellos que más lo necesitan.
La consellera ha asegurado que el Govern trabajará para encontrar una solución jurídicamente segura para implementar la obligación de alquiler social, y ha destacado la importancia de la colaboración con los propietarios y los agentes inmobiliarios para lograr este objetivo.
La inversión de 4.400 millones de euros para construir 50.000 viviendas públicas es una medida importante para garantizar el acceso a la vivienda para las familias más vulnerables. Esta medida se suma al compromiso del Govern con la protección de las familias y con la regulación del mercado inmobiliario.
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