El ministro de Trabajo, Díaz, propone imponer multas de hasta 980.000 euros a empresas que incumplan la jornada laboral y pongan en riesgo la salud de

En un intento por garantizar la protección de los derechos de los trabajadores, el ministro de Trabajo, Díaz, ha presentado una propuesta ambiciosa para imponer multas de hasta 980.000 euros a aquellas empresas que incumplan con la jornada laboral establecida y ponen en riesgo la salud de los trabajadores en casos muy graves. Esta medida busca proteger la integridad física y mental de los empleados, ya que la violación de la jornada laboral puede tener consecuencias graves en su bienestar. La iniciativa del ministro Díaz busca reducir el estrés laboral y mejorar las condiciones de trabajo, garantizando que las empresas cumplan con las normas laborales establecidas.

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Multas de hasta 983.000 euros para empresas que no respeten la jornada laboral

El Ministerio de Trabajo, liderado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha presentado un borrador que endurece las sanciones para las empresas que incumplen la jornada laboral y ponen en riesgo la salud de los trabajadores. La propuesta busca cerrar un acuerdo con la patronal sobre la reducción de la jornada laboral, después de un ultimátum que concluyó sin efectos.

El texto modifica el artículo 40 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que marca la cuantía de las multas. Se incluye la transgresión de los límites al tiempo de trabajo que recoge el Estatuto de los Trabajadores entre los incumplimientos graves sobre relaciones laborales que conllevarían sanciones de entre 1.000 y 10.000 euros, en función de si la infracción es considerada de grado leve, medio o máximo.

Incremento de las sanciones por incumplir la jornada laboral

Incremento de las sanciones por incumplir la jornada laboral

Además, se propone retocar los artículos 12 y 13 de la misma norma, que hacen referencia a las infracciones graves y muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. Estas infracciones podrían conllevar sanciones que van desde los 2.451 euros (para graves en su grado mínimo) hasta los 983.736 euros (muy graves en grado máximo).

Entre las infracciones que se incluyen se encuentran los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que afecten al disfrute de los periodos mínimos de descanso diario y semanal, vacaciones anuales, duración máxima de la jornada de trabajo, pausas durante la jornada, así como a la regulación del trabajo nocturno, trabajo a turnos y ritmo de trabajo, siempre que generen un perjuicio a la salud de los trabajadores.

La salud de los trabajadores, en el centro del debate

La etiqueta de grave o muy grave se asignaría en función de si el daño a la salud y a la seguridad del trabajador es o no inminente. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado que el problema no es solo ganar bienestar, es que las jornadas excesivas, desproporcionadas, el trabajo de sol a sol mata. Lo vemos cuando hay circunstancias climáticas adversas, pero también cuando produce el agotamiento en ámbitos como el transporte o donde hay trabajos delicados desde el punto de vista de los trabajadores que lo llevan a cabo.

Las partes han acordado verse el próximo miércoles 17, donde se espera que los agentes sociales también lleven una valoración de la propuesta sobre la libre distribución de horas y se midan las opciones reales de llegar a un acuerdo después de varias semanas en las que el Gobierno y los empresarios habían agravado un enfrentamiento que ya estaba latente por el cambio en la prevalencia de los convenios colectivos y la reforma del Consejo Económico y Social.

Flexibilidad y transitoriedad, líneas rojas para los empresarios

Para los empresarios, la flexibilidad y la transitoriedad en la aplicación de la jornada de 37,5 horas semanales son las dos líneas rojas. No obstante, en los últimos encuentros Trabajo y los sindicatos habían acusado falta de concreción por parte del empresariado, que ha expresado especial preocupación por los convenios que se sitúan lejos de este límite -entre los que están la hostelería, los servicios inmobiliarios o el comercio-.

El número dos de Díaz se ha mostrado flexible este lunes, aunque no quiere renunciar al acuerdo de coalición en el que se establecía la entrada de las 38,5 horas en 2024, lo que choca con las demandas de CEOE y Cepyme.

Jorge Vidal

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