El panorama laboral en España registra un aumento significativo en el número de trabajadores que deciden buscar justicia en los tribunales para resolver sus conflictos laborales. Según los últimos datos, hasta junio de este año, se ha producido un aumento del 30% en la cantidad de demandas presentadas por trabajadores que buscan protección contra los despidos improcedentes o discriminatorios. Este crecimiento sorprendente pone de relieve la creciente litigiosidad en el ámbito laboral, donde los empleados españoles cada vez más se sienten compelidos a recurrir a la justicia para defender sus derechos. En este contexto, la situación del mercado laboral español se vuelve cada vez más compleja y conflictiva.
Despidos en España: un 27,40% más de trabajadores buscan justicia en los tribunales hasta junio
Entre enero y junio de este año, un total de 81.169 trabajadores afectados por despidos resueltos como asuntos judiciales sociales, ya sea mediante sentencia o conciliación, según refleja la estadística elaborada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esto supone un aumento del 27,40% respecto al mismo período del año anterior, cuando 63.710 trabajadores fueron cesados por esta vía.
Este incremento es el máximo desde 2021, cuando se registró un total de 86.861 despidos. Sin embargo, es importante destacar que los datos de 2021 no son directamente comparables debido al parón producido por la pandemia del coronavirus.
La judicialización de los despidos
La tendencia a la judicialización de los despidos se debe a la ampliación de los supuestos de nulidad, lo que algunos profesionales han llamado la americanización de las relaciones laborales. Las modificaciones normativas y algunas sentencias de los tribunales superiores de justicia han acabado o reducido en gran medida el elemento de previsibilidad, por la que las empresas podían anticipar el coste de un despido que era calificado improcedente.
En este sentido, la enfermedad, las adaptaciones de jornada o el teletrabajo por conciliación son susceptibles de ser objeto de discriminación, lo que convierte un despido en nulo a no ser que la empresa o el bufete sea capaz de demostrar qué causas objetivas han conducido a ese cese. Estos supuestos se suman a los recogidos con anterioridad como maternidad o paternidad, permiso de lactancia o cuando se atenta contra los derechos fundamentales (sexo, raza, religión u opinión del trabajador).
Consecuencias para las empresas
En este escenario, la empresa no debe pagar una indemnización, sino que tiene que readmitir al trabajador en su plantilla y abonar los conocidos como salarios de tramitación, aquellos que no ha percibido desde que se efectuó el despido.
Además, los despachos advierten de un aumento de los casos en los que se aprecia un recurso fraudulento a la baja laboral o de las adaptaciones de jornada para ser evitar ser cesado durante el período de prueba.
Compensaciones más generosas
Otro elemento que afecta al despido improcedente es la facultad de dictar compensaciones más generosas, con base en la Carta Social Europea revisada, que fue ratificada por España en junio de 2021. Los despachos laboralistas están a la espera de que el Tribunal Supremo fije jurisprudencia al respecto, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya haya aplicado este criterio para elevar la cuantía por encima del límite recogido en el Estatuto de los Trabajadores en 2023.
El Supremo estudia esta cuestión desde junio, según publicó El Economista.
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