El PP plantea un nuevo enfrentamiento con el Congreso para impulsa la reforma que reduciría penas a los miembros de ETA

El PP plantea un nuevo enfrentamiento con el Congreso para impulsa la reforma que reduciría penas a los miembros de ETA

El Partido Popular (PP) se dispone a generar un nuevo enfrentamiento con el Congreso de los Diputados tras anunciar su intención de impulsar una reforma legislativa que busca reducir las penas a los miembros de la organización terrorista ETA. Esta iniciativa ha generado un gran revuelo en el ámbito político y social, ya que supondría una revisión sustancial de la política de lucha contra el terrorismo en España. La reforma propuesta por el PP cosechará seguramente una férrea oposición de parte de los partidos políticos y las víctimas del terrorismo, lo que augura un intenso debate en el Congreso.

El PP plantea un nuevo conflicto con el Congreso por la reforma que beneficia a etarras

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto a la portavoz en el Senado, Alicia García, han anunciado que el PP acudirá por segunda vez en un año al conflicto de órganos constitucionales.

Fuentes parlamentarias del Partido Popular han confirmado que el Senado planteará un choque con el Congreso de los Diputados la semana que viene en relación con la reforma legal que rebajará las penas dictadas en España contra etarras que han sido condenados previamente en Francia.

¿Dónde está el conflicto de atribuciones que señala el PP?

Todo surge de un desencuentro entre el presidente del Senado, Pedro Rollán, y la del Congreso, Francina Armengol, sobre la tramitación de esta reforma de la ley orgánica 7/2014.

La norma se aprobó por unanimidad en el Congreso el 18 de septiembre, sin que el PP, Vox y UPN fueran conscientes de que implicaría rebajas de condenas a etarras que han cumplido años de prisión en Francia.

Al darse cuenta de que habían cometido un error injustificable (palabras de Alberto Núñez Feijóo), los populares trataron de devolver la reforma legal del Senado al Congreso.

La tramitación en el Senado

El 14 de octubre, el Senado votó en contra de la reforma legal. Durante la tramitación en la Comisión de Justicia del Senado, ningún grupo parlamentario propuso ninguna enmienda a la reforma legal, por lo que muchos asumieron que el rechazo en el Pleno no tenía efecto legal alguno.

Pero aquel 14 de octubre Pedro Rollán anunció que, con el rechazo del Senado, la norma volvería a la Cámara Baja.

El conflicto con el Congreso

Fuentes populares acotaron que, según recogía un informe de los servicios jurídicos del Senado, el rechazo del Pleno se entendía como un veto, pese a que no se hubiera presentado ninguna enmienda de veto en el periodo estipulado.

Las mencionadas fuentes lo explicaron así: No hay precedentes de un rechazo por mayoría absoluta a un proyecto de ley que no haya sido enmendado en Comisión. Por ello, en base al artículo 90.2 de la Constitución y a los artículos 106.1 y 122 del Reglamento del Senado, la Cámara Alta considera esta votación como un veto del Senado sobre el que tiene que decidir el Congreso de los Diputados.

La respuesta del Congreso

Al día siguiente, la Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara que controlan con mayoría PSOE y Sumar, contradijo al presidente del Senado.

La Cámara Baja anunció que entendía como validada la reforma legal, una interpretación que también se basaba en un informe de los letrados de la Cámara.

La publicación en el BOE

Este sábado, el Boletín Oficial del Estado (BOE), publicó la norma que obligará a los tribunales a conmutar las penas impuestas por la justicia francesa.

El conflicto llegará al Tribunal Constitucional

El Senado, controlado por la mayoría absoluta del PP, planteará este conflicto alegando que la norma no debió entenderse como validada, sino que se debería haber sometido a una nueva votación en el Pleno.

De ser así, la tramitación de la reforma se habría dilatado pero el resultado habría sido el mismo, dado que cuenta con un respaldo mayoritario en la Cámara.

El choque institucional en el que se embarcan los populares está regulado por la ley orgánica del Tribunal Constitucional.

El órgano de garantías tiene la competencia de resolver este conflicto cuando los órganos constitucionales (Congreso, Senado y Consejo General del Poder Judicial) no se ponen de acuerdo entre sí.

El procedimiento en el Tribunal Constitucional

El primer paso del conflicto es que una de estas instituciones, en este caso el Senado, le haga saber a otra -véase, el Congreso- que está invadiendo sus atribuciones.

En palabras del Tribunal Constitucional: Cuando uno de estos órganos constitucionales considere que otro de ellos adopta decisiones asumiendo atribuciones que a él le confieren la Constitución o las leyes orgánicas, lo hará saber al órgano invasor dentro del mes siguiente en que hubiera llegado a su conocimiento la decisión de la que se infiera la indebida asunción de atribuciones y le solicitará que la revoque.

En este caso, el Congreso no puede hacer nada por revocar la decisión, que ya se ha plasmado negro sobre blanco en las páginas del BOE.

Así que la Cámara puede afirmar que actúa en el ejercicio de sus atribuciones, o bien ignorar el conflicto.

Si el Congreso toma una de estas dos vías, entonces el Senado podrá acudir al Constitucional.

Si el órgano al que se dirige la solicitud afirma que actúa en el ejercicio de sus atribuciones o, en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación, no rectificase en el sentido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones puede plantear conflicto ante el Tribunal Constitucional, especificando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones que estime oportunas, indica el órgano de garantías.

Esta es la intención del Partido Popular, según fuentes parlamentarias.

Entonces el Constitucional iniciará un procedimiento en el que se podrán personar las partes, y finalmente resolverá el conflicto por sentencia, llegando a declarar nulos los actos ejecutados por invasión de atribuciones.

El precedente de la amnistía

El precedente inmediato de este conflicto ocurrió el 10 de abril, cuando el Senado planteó otro conflicto contra el Congreso por la tramitación de la ley de amnistía.

En aquella ocasión, el PP en el Senado se basó en otro informe de los servicios jurídicos de la Cámara para alegar que el Congreso había tramitado una reforma encubierta de la Constitución.

La Mesa del Congreso tardó seis días en rechazar el requerimiento del Senado, por estimar que el Congreso de los Diputados ha actuado en el ejercicio constitucional y reglamentario de sus atribuciones.

Una vez recibida esta respuesta, el Senado contaba con el plazo de un mes para elevar el conflicto al Tribunal Constitucional, pero la Cámara Alta consideró que el Congreso había incumplido el procedimiento.

Según denunció, la Mesa del Congreso no tenía competencia para contestar a este conflicto: con Francina Armengol al frente, había privado al Pleno de la Cámara de este derecho.

Con este argumento sobre la mesa, el PP dio carpetazo al asunto y evitó acudir al Tribunal Constitucional.

Sin embargo, fuentes del partido aseguran que en este caso llevarán el asunto hasta el final.