El Supremo brasileño ordena la transferencia de 3 millones de euros de X e Starlink a la administración pública.
En un histórico fallo, el Supremo Tribunal Federal brasileño ordenó la inmediata transferencia de 3 millones de euros de las cuentas de X e Starlink, empresas relacionadas con el magnate Elon Musk, a la administración pública. Esta medida se toma en el marco de una investigación en curso sobre presuntas irregularidades financieras en la adquisición de un contrato para la provisión de servicios de internet satelital en el país. La decisión del Supremo brasileño tiene gran repercusión en el ámbito empresarial y político, y se espera que tenga un impacto significativo en la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
Supremo brasileño ordena transferir millones de euros de X e Starlink a la administración pública
Un juez de la Corte Suprema de Brasil ha ordenado la transferencia de 18,3 millones de reales (unos 3 millones de euros) de las cuentas bloqueadas de X y Starlink, empresas propiedad del magnate estadounidense Elon Musk, a las arcas públicas del país.
La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, instructor de un vasto proceso penal contra la diseminación de noticias falsas en redes sociales, en el que figura como investigado el magnate sudafricano.
Según informó el tribunal, la medida se adoptó como pago integral de las multas impuestas a la red social X, suspendida en Brasil desde el pasado 31 de agosto por negarse a eliminar una serie de perfiles que, según las autoridades brasileñas, se dedicaban a desacreditar las instituciones democráticas con informaciones falsas.
El juez De Moraes ordenó la transferencia de estos valores como consecuencia de la falta de colaboración de la red social X con las autoridades brasileñas en la eliminación de los perfiles mencionados. La empresa había sido advertida previamente sobre la necesidad de eliminar dichos perfiles, pero no cumplió con la orden.
La suspensión de la red social X en Brasil se produjo después de que la empresa se negara a cumplir con la orden judicial de eliminar los perfiles que se consideraban que estaban difundiendo noticias falsas y desacreditando las instituciones democráticas.
El proceso penal en curso es parte de una investigación más amplia sobre la diseminación de noticias falsas en redes sociales en Brasil, y se centra en la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la propagación de información falsa.
La orden del juez De Moraes es un golpe significativo para las empresas de tecnología que operan en Brasil, y puede tener implicaciones importantes para la regulación de las redes sociales en el país.
En este sentido, la medida puede ser vista como un paso hacia la protección de la integridad electoral y la prevención de la manipulación de la opinión pública a través de la difusión de noticias falsas.
La transferencia de los 18,3 millones de reales (unos 3 millones de euros) a las arcas públicas brasileñas es una señal clara de que las autoridades del país están dispuestas a tomar medidas firmes contra las empresas que no cumplen con las normas y regulaciones establecidas.
La noticia ha generado un gran interés en Brasil y en el mundo, y se ha convertido en un tema de debate sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la propagación de información falsa y la protección de la integridad electoral.
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