- El Tribunal de Justicia del Consejo de Europa dictamina que el despido improcedente en España es inconstitucional y obliga a pagar indemnizaciones justas y proporcionales
- Consejo de Europa dictamina que despido improcedente en España es inconstitucional
- La Carta Social Europea obliga a pagar indemnizaciones justas y proporcionales por despido improcedente
- UGT reclama cambios legislativos para cumplir con la Carta Social Europea
- Diálogo social para cambiar la ley de despido improcedente
El Tribunal de Justicia del Consejo de Europa dictamina que el despido improcedente en España es inconstitucional y obliga a pagar indemnizaciones justas y proporcionales
En un histórico fallo, el Tribunal de Justicia del Consejo de Europa ha sentenciado que el despido improcedente en España es inconstitucional, lo que supone un giro radical en la legislación laboral española. Según la sentencia, el Estado español debe garantizar indemnizaciones justas y proporcionales a los trabajadores afectados por despidos improcedentes. Esta resolución tiene como objetivo proteger los derechos de los trabajadores y establecer un precedente para futuras sentencias. La decisión del Tribunal de Justicia del Consejo de Europa supone un triunfo para los derechos laborales en España y un llamado a la acción para que el gobierno español reforme la legislación laboral para adecuarse a los estándares europeos.
Consejo de Europa dictamina que despido improcedente en España es inconstitucional
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha intervenido en un desayuno informativo en el que se ha abordado la reciente resolución del Consejo de Europa que declara que el sistema de despido improcedente en España es inconstitucional.
Según la resolución del Consejo de Europa, el sistema de despido improcedente español no es lo suficientemente resarcitorio ni disuasorio. La Carta Social Europea establece que los trabajadores deben recibir indemnizaciones justas y proporcionales en caso de despido improcedente.
La resolución abre la puerta a indemnizaciones a la carta, adaptadas a las circunstancias personales de cada trabajador y que pueden llegar a ser superiores a los 33 días por año trabajado que establece la legislación actual.
Desde UGT, el sindicato que llevó el caso al Consejo de Europa, se han defendido varias opciones para cumplir con la Carta Social Europea. Entre ellas, eliminar el tope máximo de 24 meses a las indemnizaciones y establecer un mínimo de seis meses por despido injusto.
También reclaman la recuperación de los salarios de tramitación, suprimidos en la reforma laboral de 2012, y la agilización de las tramitaciones judiciales.
UGT propone abrir una carpeta en el diálogo social para negociar con el Gobierno y los empresarios una reforma del despido improcedente. Lo razonable sería que el Gobierno, empresarios y sindicatos pudiéramos sentarnos y ver si merece la pena adaptar a la legislación esta resolución como tiene la obligación España, ha expresado Pepe Álvarez, secretario general del sindicato.
La resolución es histérica y cambiará el concepto que se ha mantenido en la legislación española a lo largo de los tiempos, según Álvarez. Si el Ejecutivo decide no cambiar la ley, el sindicato dará la batalla en los juzgados por cada caso de despido, amparándose en la resolución.
La resolución del Consejo de Europa es un paso importante hacia la protección de los derechos de los trabajadores en España y supone un cambio significativo en la legislación laboral.
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