En un histórico fallo, el Tribunal Supremo de Bangladés ha anulado el sistema de cuotas para funcionarios públicos, una medida que había generado una oleada de protestas masivas en todo el país. La decisión del máximo tribunal del país tiene un gran impacto político y social, ya que el sistema de cuotas había sido objeto de intensa controversia y había desencadenado una serie de manifestaciones violentas que dejaron un saldo de más de 100 muertos y cientos de heridos. La anulación de este sistema es vista como un giro importante en la política de Bangladés, y se espera que tenga repercusiones significativas en la estabilidad del país.
Bangladés: Tribunal Supremo anula sistema de cuotas en funcionarios públicos
El Tribunal Supremo de Bangladés ha suspendido definitivamente el polémico sistema de cuotas de empleo de funcionarios que terminó desatando esta semana las protestas más mortíferas de los últimos años en el país.
El sistema de cuotas, rescatado el mes pasado, estipulaba que un 30% de los puestos de trabajo de los funcionarios del país quedaba reservado a los descendientes de los combatientes de la guerra de independencia de Pakistán. Esta decisión fue considerada por los críticos, con las organizaciones de estudiantes a la cabeza, como un acto de discriminación.
Las protestas, que han dejado más de un centenar de fallecidos, pusieron en jaque al Gobierno de la primera ministra, Sheik Hasina. El país ha recibido esta noticia en un día de vacaciones declaradas por el Gobierno para enmascarar el toque de queda todavía en vigor y que se prolongará a lo largo de este domingo y, quizás, hasta el lunes, también declarado festivo por la administración.
La División de Apelaciones del Gobierno, para apaciguar los ánimos, pidió al Supremo que decidiera este domingo sobre la suspensión definitiva de un sistema cuyo retorno fue decidido por el propio tribunal. Ahora, según informa la filial bangladeshí de la cadena BBC, un 93% de los puestos será decidido por el mérito de los participantes en las oposiciones.
Los descendientes de los combatientes ven como el porcentaje reservado para ellos bajará desde un 30% al 5%. Otro 1% quedará reservado para las minorías y el 1 por ciento restante irán destinado a discapacitados e igualdad de género. El Gobierno, no obstante, se reserva el derecho de cambiar estos porcentajes, previa notificación al tribunal.
Las restricciones digitales ordenadas por las autoridades siguen en vigor, según informó el portal NetBlocks, especializado en el seguimiento del acceso a Internet en zonas de conflicto. Esto ha obstaculizado a los observadores de los Derechos Humanos y a los medios independientes en un momento crítico.
Organizaciones humanitarias han pedido al Gobierno que inicie una investigación exhaustiva de la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas, que han dejado aproximadamente 113 muertos, según el recuento que han podido efectuar medios nacionales, todavía bastante inexacto. También exigen a las autoridades que liberen inmediatamente a varios activistas y políticos de oposición detenidos durante el toque de queda.
El Supremo de Bangladés ha instado al Gobierno a que comience lo antes posible las pesquisas pertinentes al respecto, según ha confirmado el abogado del Estado Shah Manjurul Haque, antes de expresar su confianza en que el dictamen del tribunal contribuiría a aliviar la tensión. Espero que todo el mundo acepte el veredicto y que los estudiantes regresen a sus casas, ha manifestado.
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